A un año del artero asesinato de Alexis y Gabriel, futuros maestros, flores de rebeldia truncadas pero no vencidas…

EMBESTIDA DE AUTORIDADES FEDERALES CONTRA NORMALES RURALES DEL PAÍS, ALERTAN EXPERTOS

El gobierno de Aguirre pretende criminalizar protestas pacíficas

mesa Ayotzi

Pedro Hernández, de la sección 9 del SNTE; Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de La Jornada; César Navarro, investigador de la UPN, y Hugo Aboites, académico de la UAM, participaron en la mesa de debate Perspectivas del normalismo rural, en el auditorio de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero. Foto Sergio Ocampo

Héctor Briseño / Corresponsal /La Jornada/ 12 de diciembre de 2012, p. 34

Tixtla, Gro., 11 de diciembre. La dirigencia de la Normal de Ayotzinapa y representantes de organizaciones no gubernamentales rechazaron las amenazas que el gobernador Ángel Aguirre hizo ayer, al advertir que se aplicará la ley a quienes afecten a terceros con movilizaciones.

Asimismo, en un homenaje realizado esta mañana en memoria de los dos normalistas fallecidos el 12 de diciembre pasado durante el desalojo de un bloqueo a la Autopista del Sol, el dirigente estudiantil Diego Castro responsabilizó al Ejecutivo estatal de actos de represión en la marcha que se realizará mañana en Chilpancingo, que será pacífica y para exigir justicia.

A su vez, académicos e investigadores encabezados por Luis Hernández Navarro y Hugo Aboites, quienes participaron en la develación de una placa en memoria de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, asesinados el año anterior, colocada en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, advirtieron sobre la embestida del gobierno federal contra las normales rurales del país.

En el homenaje a los normalistas caídos, Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmó que el gobernador Aguirre dice que si las organizaciones se movilizan, él va a aplicar todo el peso de la ley contra quienes protesten, y eso se llama criminalización de la protesta social.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que el gobernador con sus amenazas mostró de nueva cuenta la continuidad de su talante autoritario, de un gobierno priísta que tanto le debe al estado de Guerrero, porque desde los años 60 hasta el 12 de diciembre del 2011 las masacres no han cesado.

Tras el homenaje se instaló la mesa Perspectivas del normalismo rural, con la participación de Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, quien advirtió que desde el gobierno federal, la derecha empresarial “y desde las cavernas del SNTE, que dirige Elba Esther Gordillo, se quiere asesinar al normalismo rural.

“Lo que vivieron en 2011 –dijo a decenas de estudiantes normalistas–, refleja una ofensiva sistemática nacional contra el normalismo en general, y el rural en particular, que tuvo como consecuencia el asesinato de dos jóvenes”, refirió.

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