Plan de acción de la CNTE vs. reforma educativa

Simulación, el llamado de Gordillo a resistir; busca pactar para mantener el poder: CNTE

  • Profesores disidentes anuncian plan de acción contra la reforma educativa recién aprobada.
  • Los cambios a los artículos 3º y 73 constitucionales, resultado de un acuerdo político, señalan

tres secretariosLos dirigentes de las secciones, 9, 18 y 22 del magisterio, Francisco Bravo, Juan José Madrigal y Rubén Núnez, respectivamente, anunciaron el plan de acción de la Coordinadora Nacional de la Educación contra la reforma aprobada por el Congreso * Foto Pablo Ramos García

Laura Poy Solano / La Jornada / Sábado 22 de diciembre de 2012, p. 9

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunció contra la reforma educativa, al considerar que es resultado de un pacto político y no una defensa real de la educación pública. Asimismo, consideró sólo una simulación el llamado a la movilización hecho por Elba Esther Gordillo Morales.

En conferencia de prensa, secretarios generales disidentes del Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca y Guerrero anunciaron un plan de acción contra las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, que incluye una consulta nacional a todos los trabajadores de la educación para determinar hasta dónde vamos a llegar para exigir nuestros derechos, pero también para decidir “si queremos a Gordillo –dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)– en el gremio magisterial”.

El objetivo, explicó Francisco Bravo, secretario general del magisterio disidente del Distrito Federal, es crear un verdadero proyecto de enseñanza, pero a diferencia del gobierno federal y de la cúpula gordillista, nosotros creemos que debe construirse de abajo hacia arriba, no por un acuerdo de escritorio y cupular.

Gonzalo Juárez Ocampo, líder del magisterio disidente de la sección 14 de Guerrero, informó que en todos los estados del país se realizará una campaña informativa para difundir los aspectos que lesionan los derechos laborales del magisterio, y de la afectación a los padres de familia.

Al respecto, Juan José Ortega Madrigal, líder de los profesores disidentes de la sección 18 de Michoacán, aseguró que la dirigente del SNTE pretende apoderarse de banderas que ha defendido la CNTE, y por eso busca copiar el plan de acción que aprobamos en el 11 congreso nacional del magisterio democrático.

Gordillo –dijo– tiene clara su estrategia: pactar con el gobierno federal para mantener sus prebendas políticas y mantener su coto de poder y dinero para ella y los suyos, a costa de los derechos de todos los trabajadores de la educación. Su llamado a la movilización no es más que una puesta en escena, porque ella nunca ha protegido a los maestros ni lo hará ahora.

Juárez Ocampo afirmó que en sus más de dos décadas de cacicazgo sindical, Gordillo jamás ha defendido los derechos de los trabajadores. Prueba de ello es que apoyó hasta sus últimas consecuencias la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación.

Por su parte, Bravo afirmó que la CNTE se movilizará contra una reforma educativa excluyente y lesiva para maestros y padres de familia, por lo que apuntó que se realizarán acciones consultadas con la base para convocar no sólo a movilizaciones y mítines: vamos a mostrar nuestra fuerza desde el aula.

Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, señaló que por acuerdo de su congreso nacional, realizado los pasados días 16, 17 y 18 en Morelia, Michoacán, acordaron impulsar una estrategia en tres ejes: jurídica, política y pedagógica, por lo que informó que a la par que se realiza una campaña informativa en todo el país, también se convocará a la realización de foros pedagógico regionales para ir construyendo una propuesta educativa verdaderamente alternativa.

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¿Que día y en que horario te apuntas al plantón en el Zocalo?

EL PLANTON EN EL ZOCALO CONTINUA HASTA LOGRAR LA LIBERTAD DE LOS 14, es necesario aportar cobijas, comida preparada y caliente, material para difusion, aportaciones economicas y mucha dignidad, organización y coraje, no te quedes con los brazos cruzados, SUMATE A LAS GUARDIAS; SI UNO CONTINUA PRESO NO SOMOS LIBRES!

FOTO planton

¡PRESOS POLÍTICOS, LIBERTAD!

MANCERA Y LOS 14

Pedro Miguel / La Jornada / 18 diciembre 2012

En México hay inocentes encarcelados y muchos más delincuentes libres. De entre los primeros destacan 14 que fueron detenidos durante la cacería de ciudadanos emprendida en el centro de la ciudad por la policía capitalina el 1º de diciembre luego de los enfrentamientos provocados alrededor de San Lázaro. La cosecha de las fuerzas del orden fue de más de un centenar de personas, de las cuales 27 fueron liberadas horas después, 69 fueron consignadas y de éstas 56 fueron puestas en libertad por la juez María del Carmen Patricia Mora Brito, la cual dejó en prisión, en forma aleatoria, según los elementos disponibles, a otras 14. Para entonces ya estaba documentado que los efectivos policiales del Distrito Federal habían recibido la orden de capturar a la mayor cantidad de gente posible, sin importar que no hubieran tenido participación en el vandalismo y los destrozos.

Algunos de los 14 aún presos habían acudido en actitud pacífica a las movilizaciones de protesta por la consumación del proceso electoral fraudulento de este año. Otros fueron a indagar por la situación de amigos o compañeros que ya habían sido detenidos en forma no menos arbitraria. En un par de casos, los ahora imputados se limitaban a tomar fotos y video de los disturbios escenificados por la policía y los provocadores. Uno más estaba en su sitio habitual de trabajo cuando fue capturado. Ellos son Rita Emilia Nery Moctezuma, Enrique Rosales Rojas, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, Daniel García Vázquez, Stylianos García Vackimes, Roberto Fabián Duarte García, Carlo Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría, Alejandro Lugo Morán, Sandino Jaramillo Rojas, César Llaguno Romero, Eduardo Daniel Columna Muñiz, Osvaldo Rigel Barrueta Herrera y Bryan Reyes Rodríguez. Un quinceavo, el periodista rumano Mircea Ioan Topoleanu, fue arrestado cuando tomaba fotos del enfrentamiento. Los policías le robaron la cámara fotográfica y luego fue entregado, en forma injustificada y arbitraria, al Instituto Nacional de Migración.

Cuando Miguel Ángel Mancera asumió la jefatura del gobierno del Distrito Federal el 6 de diciembre, tenía ante sí tres deberes coyunturales y perentorios: identificar, capturar y consignar a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la violencia y los destrozos cometidos seis días antes; presentar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la policía, y girar instrucciones a la procuraduría capitalina para que se desistiera de las acusaciones contra los presos, no sólo porque hay pruebas de su inocencia sino porque fueron detenidos en forma irregular y en el marco de un operativo policial ilegal.

Hasta ahora Mancera no ha hecho ninguna de las tres cosas y, en el caso de los encarcelados, ha preferido lavarse las manos y pasar la papa caliente al Poder Judicial. Ya sea que obedezca a la pusilanimidad, a una mentalidad autoritaria o a un afán de congraciarse con Enrique Peña Nieto –el principal interesado en llevar a sus límites un escarmiento contra el movimiento #YoSoy132 y contra las resistencias en general a su presidencia comprada–, la actitud del jefe de gobierno es insostenible. Mancera parece no darse cuenta que el mantener en la cárcel a personas cuya inocencia está documentada resulta un agravio para el electorado que lo puso en el cargo.

Muy pocas personas en esta ciudad capital desean el caos, la violencia y la impunidad. Por ello, el repudio al vandalismo perpetrado el 1º de diciembre ha sido casi unánime. Sin embargo, de allí a enviar a prisión a personas inocentes hay mucha distancia. La mayoría de los votantes capitalinos desea para su demarcación justicia efectiva, no justicia simulada; sometimiento de los agentes del orden a la legalidad, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, atención y no criminalización para los jóvenes. Si la ciudadanía defeña hubiese querido una autoridad represiva, arbitraria y policial, de esas que fabrican culpables para lucirse ante la opinión pública, hoy la jefatura de gobierno no estaría en manos de Mancera, sino en las de Isabel Miranda de Wallace; y si hubiera querido seguir sufriendo las artes priístas de la provocación, le habría entregado el Ayuntamiento a Beatriz Paredes. O sea que, de inicio, el actual jefe de gobierno está faltando a su mandato.

En el ámbito federal Peña no le debe la Presidencia a la voluntad popular sino a Televisa y a las tarjetas Monex y Soriana. El DF es distinto: aquí la autoridad representa a los votantes y si el jefe de gobierno persiste en desconocer el sentido de su encargo la ciudadanía se lo va a demandar.

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Acude al plantón frente al GDF, en el Zócalo por la libertad del Profr. Enrique Rosales Rojas y 13 detenidos mas.

EXIGE LA CNTE AL GOBIERNO CAPITALINO LIBERAR A PROFESOR DETENIDO EL DÍA 1º

Se compromete el subsecretario de Gobierno del DF a revisar todos los elementos jurídicos

Según líder magisterial, el maestro podría perder su plaza porque no se ha presentado a laborar

FOTO plantonIntegrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron ayer un plantón frente a oficinas del Gobierno del Distrito Federal, en demanda de que sea excarcelado el docente Enrique Rosales, aprehendido durante los disturbios del pasado día primero. Foto Carlos Ramos Mamahua

Laura Poy /La Jornada /Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 16

Familiares del maestro Enrique Rosales Rojas, acusado de ataques a la paz pública durante los disturbios del pasado primero de diciembre, y profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandaron la libertad inmediata del docente y de las 14 personas que ya les dictaron auto de formal prisión. Advirtieron que, al seguir arrestado, podría perder su plaza magisterial.

Al término de una reunión con el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, la profesora Verónica Guerrero Romero informó que el funcionario se comprometió a revisar todos los elementos jurídicos, incluido un video en el que se observa a policías capitalinos golpear a un joven en la calle de Madero, en el Centro Histórico.

Rosales Rojas reiteró lo anterior en una de sus primeras declaraciones. Aseguró que por pedir a los agentes que dejaran al joven fue detenido. Defendió a Jorge Dionisio Barrera Jiménez, uno de los 14 que no han obtenido su libertad y que también se encuentra en el Reclusorio Norte.

Francisco Bravo, líder magisterial de la sección nueve del Distrito Federal, comentó que el subsecretario garantizó que se estudiará caso por caso para que se resuelvan conforme a derecho y no por consigna.

En el encuentro, realizado en las oficinas del Gobierno del Distrito Federal después de que los maestros instalaron un campamento informativo frente al inmueble, se advirtió sobre los daños que han padecido los detenidos. En el caso del profesor de primaria Enrique Rosales, por el momento su salario ha sido retenido por no presentarse a trabajar y corre el peligro de perder su plaza.

Francisco Bravo aseveró que cuando Rosales Rojas sea absuelto de los cargos cobrará unos tres meses después, lo cual es un daño que no se sabe quién va a resarcir.

(Con información de Blanca Juárez)

A un año del artero asesinato de Alexis y Gabriel, futuros maestros, flores de rebeldia truncadas pero no vencidas…

EMBESTIDA DE AUTORIDADES FEDERALES CONTRA NORMALES RURALES DEL PAÍS, ALERTAN EXPERTOS

El gobierno de Aguirre pretende criminalizar protestas pacíficas

mesa Ayotzi

Pedro Hernández, de la sección 9 del SNTE; Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de La Jornada; César Navarro, investigador de la UPN, y Hugo Aboites, académico de la UAM, participaron en la mesa de debate Perspectivas del normalismo rural, en el auditorio de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero. Foto Sergio Ocampo

Héctor Briseño / Corresponsal /La Jornada/ 12 de diciembre de 2012, p. 34

Tixtla, Gro., 11 de diciembre. La dirigencia de la Normal de Ayotzinapa y representantes de organizaciones no gubernamentales rechazaron las amenazas que el gobernador Ángel Aguirre hizo ayer, al advertir que se aplicará la ley a quienes afecten a terceros con movilizaciones.

Asimismo, en un homenaje realizado esta mañana en memoria de los dos normalistas fallecidos el 12 de diciembre pasado durante el desalojo de un bloqueo a la Autopista del Sol, el dirigente estudiantil Diego Castro responsabilizó al Ejecutivo estatal de actos de represión en la marcha que se realizará mañana en Chilpancingo, que será pacífica y para exigir justicia.

A su vez, académicos e investigadores encabezados por Luis Hernández Navarro y Hugo Aboites, quienes participaron en la develación de una placa en memoria de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, asesinados el año anterior, colocada en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, advirtieron sobre la embestida del gobierno federal contra las normales rurales del país.

En el homenaje a los normalistas caídos, Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmó que el gobernador Aguirre dice que si las organizaciones se movilizan, él va a aplicar todo el peso de la ley contra quienes protesten, y eso se llama criminalización de la protesta social.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que el gobernador con sus amenazas mostró de nueva cuenta la continuidad de su talante autoritario, de un gobierno priísta que tanto le debe al estado de Guerrero, porque desde los años 60 hasta el 12 de diciembre del 2011 las masacres no han cesado.

Tras el homenaje se instaló la mesa Perspectivas del normalismo rural, con la participación de Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, quien advirtió que desde el gobierno federal, la derecha empresarial “y desde las cavernas del SNTE, que dirige Elba Esther Gordillo, se quiere asesinar al normalismo rural.

“Lo que vivieron en 2011 –dijo a decenas de estudiantes normalistas–, refleja una ofensiva sistemática nacional contra el normalismo en general, y el rural en particular, que tuvo como consecuencia el asesinato de dos jóvenes”, refirió.