CONSULTARÁ CNTE A BASES SOBRE PLAN DE ACCIÓN

CONSULTARÁ CNTE A BASES SOBRE PLAN DE ACCIÓN UNITARIO CONTRA LA REFORMA

Laura Poy Solano La Jornada 27 julio 2013

mitin gober 26 agosto

  • Las asambleas estatales definirán las acciones de agosto

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó mantener las movilizaciones a escala nacional y estatal en contra de la reforma educativa, pero también someterá a la decisión de las asambleas de cada entidad la definición de un nuevo plan de acción unitario, el cual llevarán a cabo en agosto.

Integrantes de su dirección política señalaron que tras concluir, la madrugada de este viernes, su Asamblea Nacional Representativa (ANR), se aprobó realizar una consulta a las bases del 27 al 3 de agosto. Además, se efectuará un mitin frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la abrogación de las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales.

El contingente de maestros partió ayer por la mañana del Zócalo capitalino a la sede de la dependencia federal, donde cerca de las 15 horas concluyeron su movilización. José Antonio Altamirano, de la sección 22 de Oaxaca y de la dirección política, informó que no hubo entrega de documento ni solicitud de mesa de diálogo, pues el acuerdo es regresar el próximo lunes con la comisión única nacional de negociación.

Agregó que cerca del mediodía concluyó el relevo de los docentes oaxaqueños, con el arribo de cientos de profesores de la región de la Costa, quienes se sumaron a la protesta realizada en la capital del país.

Por su parte, Pedro Hernández, de la sección 9 del Distrito Federal y también miembro de la directiva política nacional, detalló que en la reunión de la ANR iniciamos un diálogo sobre qué acciones impulsaremos en una segunda etapa de la lucha.

Reconoció que entre las propuestas de las dirigencias de varias secciones del país se incluye un paro indefinido en la segunda quincena de agosto si se abre la discusión de las leyes secundarias para el sector educativo en el Congreso de la Unión, aunque aún no existe un consenso sobre esta posibilidad, ya que implicaría suspender el arranque del ciclo escolar 2013-2014.

Agregó que también se discuten acciones como la desobediencia de leyes injustas, que se traduciría en la no aplicación de la reforma en las escuelas, y la resistencia pacífica a todo intento de cambiar las condiciones de trabajo.

Por su parte, Altamirano indicó que en la próxima reunión de la ANR, el 4 de agosto, deberán definirse los ejes de la acción política, jurídica y pedagógica que continuaremos impulsando, aunque se aprobó continuar exigiendo la abrogación de la reforma, por lo cual este lunes acudirán a la Cámara de Diputados para que se redacte un punto de acuerdo sobre este tema.

Des Enlace Manuel Pérez Rocha

Des Enlace

Manuel Pérez Rocha La Jornada 25 julio 2013

La Secretaría de Educación Pública ha anunciado la desaparición de la prueba Enlace. Desde su puesta en marcha, esa prueba fue objeto de fundadas críticas, incluso por especialistas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dependiente en ese tiempo de la propia SEP. De la misma manera, desde su inicio Enlace fue rechazada con argumentos por los maestros de la CNTE y este rechazo se fortaleció cuando se impuso la barbaridad de que los resultados de esa prueba se usaran para evaluar a los maestros.

La cancelación de la prueba Enlace ha sido objetada por quienes impulsaron su aplicación, con particular brío Televisa, la cual, mediante su brazo civil (el membrete Mexicanos Primero), hace unos días muy oronda anunciaba: “En Mexicanos Primero estamos convencidos que ‘lo que no se evalúa no se puede mejorar’ y la prueba Enlace es una herramienta que nos brinda certeza de cómo vamos y permite precisar la aplicación de planes y programas educativos. Enlace debe utilizarse y difundirse extensamente de manera que la sociedad conozca los datos y exija mejores resultados educativos. Durante los meses de abril y mayo de 2007, desarrollamos una campaña de comunicación para promover entre los padres y madres de familia la prueba Enlace mediante anuncios de televisión. Hemos participado en reuniones y seminarios con la Subsecretaría de Educación Media Superior para definir la difusión de los resultados de la prueba Enlace en ese nivel educativo. Además formamos parte del Consejo Técnico de Enlace 2009 y nos hemos dado a la tarea de difundir herramientas para padres de familia, maestros y sociedad en general sobre el uso y aprovechamiento de la prueba para beneficio de la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes”.

En esos anuncios de televisión de los que hace alarde Mexicanos Primero se dice que son un proyecto para Fundación Televisa, de modo, pues, que este organismo que se presenta como sociedad civil no puede ocultar su pertenencia a ese consorcio que, sin exageración, fue denunciado hace años como la verdadera secretaría de educación de este país. Ahora no se conforma con serlo desde sus pantallas, micrófonos e impresos (es la editorial más grande en lengua castellana), ahora directamente ambiciona dirigir la escuelas públicas. Se ha metido ya hasta la cocina, fungió hace unos días como observador (con cientos de observadores) en los exámenes aplicados a los maestros para el concurso de plazas.

Sin duda, lo que no se evalúa no se puede mejorar, pero hay muchas formas de evaluar y es bien sabido, por quienes han estudiado con responsabilidad los asuntos educativos, que en este campo hay formas de evaluación que son perniciosas; este es el caso de la prueba Enlace y de muchas evaluaciones formuladas por especialistas en sicometría que ignoran los aspectos filosóficos, pedagógicos y sociales de la educación. Es oportuno reiterar ahora la crítica a las pruebas de opción múltiple como Enlace, pues nada se ganaría si ésta es remplazada con otro proyecto semejante.

Una de las razones por las que se usan las pruebas de opción múltiples que permiten la obtención y procesamiento rápido, computarizado, de grandes cantidades de información, objetivo muy preciado para quienes tienen la obsesión de controlar. Otra de las ventajas que arguyen sus promotores es la objetividad. Estas cualidades pueden justificar en casos particulares la aplicación de algunos de esos instrumentos, sin embargo siempre habrá que tener presente sus limitaciones y sus efectos secundarios, los daños que pueden generar en la educación misma y los usos perversos que con frecuencia alientan. Los daños causados por la aplicación de la prueba Enlace durante varios años son incalculables.

Ya he señalado en este espacio que uno de los efectos perniciosos de las pruebas de opción múltiple es que hacen creer que la educación es la acumulación de información para responder preguntas formuladas por otros, cuando el principalísimo objetivo de la educación debería ser enseñar a niños y jóvenes a formular preguntas propias y generar condiciones para que los estudiantes desarrollen un espíritu inquisitivo. Otro efecto pedagógico adverso: esas pruebas afirman que toda pregunta tiene solamente una respuesta correcta, cuando esto ocurre sólo en los casos de preguntas relativamente superficiales sobre hechos. Es incuestionable, pues, que la aplicación de las pruebas de opción múltiple, y la orientación de las actividades escolares para que los estudiantes las respondan correctamente, se traducen en grave deterioro de la educación: empobrecimiento de los contenidos y la destrucción del hábito y las habilidades críticas (evidentemente esto es lo que conviene a Televisa).

Otro efecto pernicioso, antieducativo, de las pruebas de opción múltiple, es que exaltan el aspecto negativo de los errores, sólo reconocen esta faceta, ignorando que el error es ocasión de aprendizaje; la ciencia, dice Gastón Bachelard, es una serie de errores corregidos. Incluso hacen del error causa de sentimiento de culpa (por supuesto también este efecto es de interés para quienes se benefician de una sociedad estratificada); las pruebas de opción múltiple, en su búsqueda de objetividad, arrojan resultados puramente cuantitativos (cantidad de aciertos), aun cuando los números no necesariamente significan conocimiento objetivo y nada dicen de la naturaleza y las causas del error y por tanto no abren el camino para su superación.

Finalmente habría que advertir que las pruebas de opción múltiple dejan espacio para el acierto azaroso y que se ha demostrado que algunas de ellas (por ejemplo Enlace y las del examen único de ingreso al bachillerato) discriminan desfavorablemente a algunos sectores.

El presidente de Mexicanos Primero ha reiniciado su campaña en contra de los maestros mexicanos exigiendo que sean evaluados para que pueda mejorar la educación pública en nuestro país. Una actitud honesta debería conducir a este organismo a reconocer el grave daño que han hecho con el impulso a la prueba Enlace, y sobre todo a dejar de hacer el daño que generan en la niñez mexicana y en la población entera a través de sus pantallas, sus micrófonos y sus impresos.

Maestros en riesgo

MAESTROS EN RIESGO

Cesar Navarro Gallegos La Jornada 26 de julio 2013

Hubo otros tiempos en que la Constitución y sus leyes se propusieron otorgar y preservar derechos sociales como resultado de las luchas desplegadas por el pueblo mexicano. Pero en la medida que desde el poder estatal se renegó de los principios y propósitos sociales que originalmente les dieron fundamento, sistemáticamente fueron eliminados, deformados o falsificados.

Así ha ocurrido con la modificación perpetrada al artículo tercero constitucional que legaliza e impone la actual reforma educativa. Declarativamente se mantienen vigentes algunos preceptos que han orientado al sistema educativo, pero se lesiona a profundidad el carácter público de la educación y se despoja de derechos laborales a los maestros.

Desde hace tiempo el sistema educativo, realmente existente, opera cada vez más distante y en contradicción con los principios en los que teóricamente debería sustentarse.

La envoltura discursiva de la reforma señala como objetivos supremos la calidad y evaluación educativa, traducidos constitucionalmente en la creación del servicio profesional docente y el otorgamiento de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

En la adición al artículo tercero se indicó que la ley reglamentaria fijaría los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes en el servicio profesional, con pleno respeto a sus derechos constitucionales. Por tanto, el significado y alcances sobre el respeto a estos derechos, aún está por definirse.

En el proyecto sobre el Servicio profesional docente, en poder del Congreso, esta cuestión se muestra en su verdadera dimensión. Sin duda, los elementos nodales de toda la reforma son los relativos al ingreso y permanencia laboral de los docentes de educación básica y media superior.

Por tanto, en esta iniciativa se estipula que todos los profesores que en el futuro se incorporen al trabajo magisterial, una vez salvado el obstáculo del examen de selección y sobrevivido durante tres años al tutelaje y las evaluaciones aplicadas para calificar su desempeño comomaestros iniciales, eventualmente podrán obtener nombramiento definitivo, lo cual supondría que con ello se garantiza estabilidad y permanencia laboral, pero curiosamente se le define como un nombramiento por un plazo indefinido.

Este enunciado barroco tiende a aclararse con la descripción de las normas y reglamentaciones obligatorias que condicionan la preservación del nombramiento y al mismo tiempo la permanencia laboral de los docentes.

La permanencia estará condicionada a evaluaciones obligatorias sobre el desempeño docente que periódicamente se aplicarán a los maestros, al menos una vez cada cuatro años, utilizando los estándares e instrumentos de evaluación definidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la bendición del INEE. En el caso de los docentes que muestren insuficiencias en los niveles de su desempeño según esa evaluación, deberán incorporase a programas de regularización que la autoridad determine y bajo un esquema de tutoría.

Luego de un plazo no mayor a 12 meses se someterán a una segunda evaluación, y de persistir resultados insuficientes de nueva cuenta serán incorporados a cursos de regularización con el mismo esquema y sujetos a una tercera evaluación.

Bajo estas premisas, los docentes que no se incorporen a los programas de regularización o no alcancen resultados suficientes en la tercera evaluación serán separados del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa: despedidos.

Por su parte, los maestros en servicio que actualmente disponen de plaza docente también serán sometidos a estos esquemas de evaluación sobre permanencia, independientemente de su antigüedad.

Aquellos que obtengan resultados considerados insuficientes se promete que no serán despedidos, pero serán separados del aula y la autoridad determinará su readscripción en otras tareas o se les ofrecerá incorporarse a programas de retiro, es decir, separarse voluntariamente mediante compensaciones económicas.

En el apartado sobre sanciones se explicita que los profesores de nuevo ingreso o en servicio que no se sujeten a estas evaluaciones serán despedidos, sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que previamente exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes.

Evidentemente, el sentido esencial de la reforma está destinado a replantear el desempeño de los docentes, introducir nuevos mecanismos que determinen la inserción y composición del magisterio nacional y alterar regresivamente su estatus laboral.

Mediante el servicio profesional docente se pretende culminar el proyecto de cercar y controlar el trabajo de los profesores, por medio de esquemas de evaluación que inducen a la homogenización y mecanización estandarizada. La base laboral se elimina en el trabajo docente y se condiciona la permanencia de los profesores.

La reforma educativa ha degradado preceptos fundacionales del artículo tercero y se pretende que sus leyes reglamentarias sean instrumentos de coerción y persecución de los trabajadores de la educación.

* Profesor-investigador del Instituto José María Luis Mora. Coordinador del libro El secuestro de la educación

Reforma “educativa” fallida

Reforma educativa fallida

Antonia Candela La Jornada 23 julio 2013

En los meses recientes hemos visto una gran movilización magisterial en contra de la mal llamada reforma educativa que modifica, de manera vertical y antidemocrática, los artículos 3º y 73 constitucionales para promover la evaluación universal de los maestros con el aparente propósito de mejorar la educación nacional. Esta reforma no propone medidas propiamente pedagógicas o educativas, sino que se centra en una serie de criterios para calificar a los docentes, con lo cual su efecto es más de control laboral que educativo. Sus consecuencias para la educación nacional son graves por lo que es necesario analizarlas.

En primer lugar la investigación educativa internacional ha mostrado que no hay ningún método efectivo que aislado permita identificar a los buenos maestros. La ex subsecretaria de educación de EU en la década de los 90, Diane Ravitch, impulsora de una reforma que ha servido de modelo a la que adopta el Estado mexicano, y que ella misma llama empresarial, reconoce después de 20 años de su aplicación que ésta ha sido un fracaso. No sólo no ha mejorado la educación en EU, sino que ha promovido la marginación de las escuelas públicas en beneficio de las escuelas privadas de medios socioeconómicos favorecidos y ha aumentado las desigualdades sociales, lo que provocó grandes movilizaciones de maestros en su contra ( La Jornada, 1/6/13). Ignorando su fracaso en varios países del mundo, se propone retomar este modelo en México, donde las desigualdades son ya dolorosamente agudas.

Las evaluaciones estandarizadas (como Enlace y PISA), base del modelo citado, han fracasado en mejorar la educación porque parten de estándares diseñados desde características lingüísticas y socioculturales de contextos como los de clases medias y escuelas privadas que ponen en desventaja a sectores sociales que no pertenecen a ellas, como los indígenas, que van siendo cada vez más marginados. Además, no permiten conocer las causas por las que se obtienen ciertos resultados y con ello no dan información sobre las medidas a tomar para mejorar. Por otro lado la frecuencia, la aplicación universal y el uso de estas pruebas para calificar a alumnos y docentes, han deteriorado el trabajo educativo pues los maestros terminan dedicando la mayor parte del tiempo a preparar a los alumnos para las pruebas. Si bien es positivo el anuncio de la SEP en cuanto a que es el último año que se aplica la prueba Enlace, esperemos que esto implique una renuncia general a la utilización de pruebas estandarizadas (iguales para los desiguales) por sus resultados adversos en cuanto a mejorar la educación.

En aras de contribuir a una supuesta autonomía escolar la reforma también diluye la responsabilidad del Estado en la creación de infraestructura escolar, y abre las condiciones para que las escuelas se financien con dinero público, pero administradas por instituciones privadas, lo que facilita la entrada de grupos empresariales y religiosos en la educación. Se atenta así contra las bases fundamentales de nuestra educación: pública, laica y gratuita.

La calidad educativa depende de factores como son: libros de texto y programas enciclopédicos y con errores, las desiguales condiciones de la infraestructura escolar y la cantidad de pruebas, de carga administrativa y de programas no académicos con los que se distrae a los docentes del trabajo educativo. La injerencia de Elba Esther Gordillo y su gente en la SEP es la causa de que estos factores y las condiciones del trabajo docentes sean las peores que ha habido en décadas. Hoy, cuando las medidas oficiales han permitido este deterioro, lo cual no se resuelve con meter a la profesora a la cárcel, la reforma, en vez de asumir la responsabilidad que tiene la SEP de mejorar la situación educativa nacional, culpa de ello a los maestros y trata de sancionar su desempeño.

Si algún sentido tiene la evaluación es aportar información de lo que se quiere modificar para analizar si las medidas adoptadas producen los resultados esperados. Si lo que se quiere cambiar es la educación hay que evaluar el o los proyectos educativos, y sólo como una parte de ellos a los maestros. Para esto la evaluación tiene que descentralizarse y ser diagnóstica (para no jerarquizar a los docentes con premios y castigos) y permitir que se haga con múltiples instrumentos y de manera colegiada para que los indicadores los establezcan los propios actores educativos y maestros con experiencia, con base en el proyecto de cambio pedagógico que se pretenda impulsar. En estos años de desastre pedagógico oficial, en gran parte de las entidades los docentes, que no sólo protestan, sino que también trabajan en desarrollar alternativas pedagógicas, han generado interesantes proyectos educativos locales que es importante apoyar e impulsar porque responden a las necesidades de contextos particulares y han sido probados durante años.

Sería conveniente que la SEP, en vez de hacer enormes gastos inútiles y reformas que ya han desgastado a los maestros, mejore las condiciones de trabajo docente y plantee contenidos mínimos, básicos, interculturales (porque somos una nación pluricultural) para la población nacional y bien fundamentados pedagógicamente que permitan profundizar la enseñanza apoyando la formación de maestros. Estos contenidos nacionales mínimos tienen que dejar los espacios que permitan incorporar proyectos pedagógicos complementarios, generados desde escuelas y zonas con condiciones socioeconómicas, lingüísticas y culturales similares.

No es posible mejorar la educación nacional si en ello no se involucran de manera consciente y convencida los maestros y esta reforma está provocando su participación decidida, pero en contra de la reforma. Si queremos tomar como ejemplo lo mejor que se realiza en el campo de la educación a nivel internacional y no los proyectos fallidos, deberíamos aprender que una de las bases de la buena educación de Finlandia es el más alto reconocimiento social y buenos salarios para los docentes de todos los niveles, y no su desprestigio social, como se está haciendo en México.

Relatoría Foro Nacional 12 julio 2013

FORO NACIONAL

“ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LA REFORMA EDUCATIVA”

RELATORÍA GENERAL

Introducción

El pasado 2 de mayo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregó a la Secretaría de Gobernación diversos documentos, entre ellos el titulado “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos”. Seis días después, en las oficinas de esta secretaría se celebró una reunión en la que participaron el Subsecretario de Gobierno, dos subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública y una amplia representación de la CNTE integrada por tres secretarios generales de secciones del SNTE y representantes de otras diez secciones. En esta reunión, el Gobierno Federal, representado por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava y la CNTE, acordaron convocar a la realización de una serie de “Foros sobre la reforma educativa”, a los que se invitó a participar “a los padres de familia, a representantes de organizaciones de la sociedad, a académicos e investigadores, empresarios, representantes populares, representantes de los medios de comunicación y a todos aquellos interesados en el mejoramiento de la educación pública en nuestro país”. En esa misma convocatoria conjunta, se definió el programa conforme al cual se realizaron nueve foros regionales, en igual número de ciudades del país, al cual se agregaron 2 foros estatales mas en Puebla y el Estado de México; en las cuales se congregaron participantes de las entidades cercanas; hoy se realiza el último foro de ese programa, titulado “Foro nacional” en esta Ciudad de México.

De acuerdo con lo convenido por la representación del Gobierno Federal y la CNTE, los resultados de dichos foros, recopilados y ordenados por relatores locales  y uno nacional, se plasmarían en un documento que la Secretaría de Gobernación entregará “a las instancias legales correspondientes para su procesamiento”. Esta relatoría es un avance de ese documento.

Abrogar la reciente reforma a los artículos tercero y 73 de la Constitución es la exigencia fundada que se desprende de una intensa actividad en la que participaron más de diez mil personas de todas las entidades de la federación ocupados en la educación y comprometidos con el mejoramiento de este quehacer humano de trascendencia social e histórica. Estos foros y su aceptación por parte del Gobierno Federal son resultado de la amplia movilización que el magisterio democrático se ha visto obligado a desplegar ante la sordera de los gobiernos de los últimos treinta años; no son una concesión graciosa de los gobernantes quienes, violando las más elementales prácticas democráticas y diversas disposiciones de nuestra legislación, impusieron de una manera violenta las reformas legales dolosamente llamadas “reforma educativa”, pero que son, en esencia, reformas retrógradas, lesivas a las condiciones laborales del magisterio y por tanto inaceptables. Esta lucha de la CNTE, y por tanto estos foros, son continuación de las luchas que el magisterio mexicano ha mantenido de manera permanente desde hace décadas, en las cuales destacan la figura del maestro Othón Salazar y la lucha magisterial del Movimiento Revolucionario Magisterial de 1956.

La relación del movimiento magisterial democrático con el Estado es necesariamente una lucha, pues el movimiento está comprometido desde hace más de treinta años con la democracia sindical y el mejoramiento de la educación; ha luchado contra el aparato corrupto y criminal de control social y político impuesto y mantenido por el PRI (y continuado por el PAN) a lo largo de siete décadas; muchos de sus miembros han sido reprimidos, despedidos, incluso asesinados; y lucha por un proyecto de educación y de país al servicio del pueblo. En el lado opuesto, los representantes del Estado, simulando un régimen democrático, están al servicio de un sistema económico y político que sirve los intereses de una minoría, sacrifica el presente y el futuro del pueblo, han privatizado y despilfarrado el patrimonio nacional, y para ello acuden a todas las acciones y maniobras posibles, sin límite alguno proveniente de la ética, incluso sin respeto a la legalidad que ellos mismos han impuesto.

Tanto el proceso de la mal llamada reforma educativa, como las acciones gubernamentales represivas de las semanas recientes, y la actuación misma de los gobernantes en relación con los foros, confirma la falsedad de la supuesta democracia mexicana y la necesidad de continuar la lucha social cada vez con más ahínco y con más claridad. El actual gobierno de Peña Nieto sigue sosteniendo política y económicamente a la dirección corrupta y antidemocrática del SNTE, el encarcelamiento de la señora Gordillo fue solamente un ajuste de cuentas entre los grupos que han controlado a este país y sirvió para los fines políticos del actual gobierno priista. La reforma educativa se ha acompañado de acciones represivas contra maestros que disienten de ella; en Puebla se han cesado a 40 maestros.

Otra muestra de la ausencia de compromiso democrático del Gobierno Federal es la desatención que ha tenido con estos mismos foros. El Gobierno Federal aceptó convocar conjuntamente con la CNTE a los foros de los que hoy se da cuenta; el Gobierno Federal incumplió sus obligaciones elementales, sus representantes, en general, sin el menor interés por discutir ni respeto para los demás participantes se limitaron a hacer saludos formales. Con razón en varios de los foros se manifestó la demanda insistente de que los representantes gubernamentales se presentaran a debatir con los maestros y demás participantes. En varios de los foros se manifestó la inconformidad  por la ausencia de representantes del gobierno porque sólo estuvieron en los actos protocolarios y mediáticos.

Nadie se hacía ilusiones, los foros han exhibido, corroborado, la falsedad de la democracia del PRI, como la de todo sistema económico basado en la explotación y el lucro y que por tanto no puede buscar la verdad mediante la confrontación de ideas, información y proyectos, pero también han servido para fortalecer la participación activa de los maestros y su organización. De este episodio, la CNTE sale fortalecida, con un conocimiento mejor de nuestra realidad, con una más amplia y organizada participación en todo el territorio nacional.

Antes que nada es necesario subrayar que en todas estas actividades de los foros no ha habido una sola manifestación en contra de la evaluación, en contra de la evaluación del sistema educativo, ni en contra de la evaluación del trabajo de los maestros. El magisterio democrático se manifiesta por la necesidad de la evaluación pero rechaza tajantemente las formas, los procedimientos y los propósitos de la evaluación que ha venido imponiendo el gobierno desde hace veinticinco años y que pretenden consolidar ahora con las reformas legales.

Se anexan las once relatorías parciales de igual número de foros. En la memoria de estas importantes actividades se anexarán también las ponencias y conferencias que se presentaron por escrito.

Con estos foros la CNTE muestra su voluntad política para entablar un dialogo con la sociedad, con el gobierno estatal y federal y con los legisladores. Pero este diálogo no legitima para nada la reforma educativa, por el contrario parte del cuestionamiento fundado de sus formas y su contenido.

Como se ha señalado, en los once foros asistieron, en total, cerca de diez mil personas; muchas de ellas en representación de asambleas y colectivos en los que participan amplios sectores del magisterio nacional. Se dictaron nueve conferencias magistrales y se presentaron más de 400 ponencias, también varias de ellas con los planteamientos de grupos y asambleas que deliberaron previamente y de forma amplia acerca de la problemática que representa la reforma impuesta. Algunas de estas ponencias se presentaron en lenguas indígenas (mixteco, mixe, huave, zapoteco, náhuatl, entre ellos) y se tradujeron al castellano. También se presentaron  documentales acerca de la desastrosa realidad educativa, económica y social de las escuelas y su entorno. Estas ponencias fueron presentadas tanto por maestros y estudiantes como por padres de familia, ciudadanos. Además, hubo participaciones puntuales muy valiosas de algunos legisladores, representantes sindicales y funcionarios. Debe subrayarse que entre las ponencias hay una importante cantidad de proyecto y propuestas pedagógicas específicas, muy valiosas, muchas de ellas resultado de iniciativas y acciones independientes de los maestros. Por estas razones es imposible, en este reducido espacio, dar cuenta cabal y detallada de todas las valiosas contribuciones, ni mencionar a sus autores, baste subrayar que lo que aquí se expone es una recopilación breve, resumida, de esos trabajos colectivos y no producto de quien hace la relatoría. Sin embargo debo también expresar mi plena coincidencia y solidaridad con todo lo que aquí se expresa.

Análisis y pronunciamientos en torno a la llamada reforma educativa del Gobierno Federal

Es una reforma antidemocrática por donde se le vea.

La llamada reforma educativa se caracteriza por su total antidemocracia, tanto en el procedimiento para elaborarla e imponerla como en su contenido. Surgió de los intereses de los empresarios y se impuso por medios extralegales, como el llamado Pacto por México; en su iniciativa, su gestión, su orientación y definición no participaron los principales actores involucrados: los maestros, padres de familia, organizaciones sociales. Atendiendo a los intereses políticos del nuevo gobierno priista, no tomó en cuenta los tiempos legislativos necesarios ni la opinión de la sociedad. En su precipitación, generó aberraciones constitucionales. Surgió al margen  de la consulta, de los tiempos y formas que marca la constitución para definir el plan de gobierno.

La llamada reforma educativa no surgió de la sociedad; es una contrarreforma educativa exógena, que corresponde a directivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, impuesta de manera  no democrática por un acuerdo cupular carente de representación –Pacto por México-y sin discusión parlamentaria. Esta reforma tampoco surge de la cámara de diputados, es obra de los poderes fácticos de este país y en el proceso de aprobación los diputados se sometieron a esos poderes fácticos. Este Pacto fue una especie de plan de desarrollo anticipado, elaborado y negociado de manera cupular.

Reforma Educativa al no ser consultada carece del necesario respaldo de los actores de la educación nacional.

La llamada reforma educativa es profundamente antidemocrática en su contenido, está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros, busca disciplinar a los normalistas disidentes en función de la ortodoxia educativa uniformadora, pretende someter a los maestros en un régimen de excepción. Introduce al temor como factor central en las relaciones laborales. Con esta reforma se genera un régimen de exclusión respecto del Artículo 123, violentándose su esencia, las Condiciones del Reglamento de la SEP, y las recomendaciones y orientaciones de organismos internacionales como la OIT y la de Derechos Humanos. La reforma es, en realidad, una contrarreforma. Es un retroceso respecto de las conquistas laborales de muchas generaciones. Hará que la seguridad laboral de los maestros dependa de las autoridades administrativas quienes, cuando lo consideren “pertinente”, aplicarán sanciones al maestro. En este sentido, es una reforma contraproducente pues cualquiera, incluso en la empresa privada, sabe que el temor obstaculiza la productividad.

Particular preocupación genera la política del gobierno en torno a la educación normal.  La reforma curricular a las escuelas normales, igual que la toda la reforma, surgió al margen de las comunidades normalistas y con contenidos y dirección ajenos a una verdadera formación de maestros de educación básica. En los hechos, la SEP trata de convertir a la formación docente en una profesión eufemísticamente llamada libre o liberal y no una profesión de estado. En ese contexto es que se entiende la pretensión de desaparecer a las escuelas normales a las que se acusa de no preparar bien a los maestros, sin considerar la asfixia presupuestal y sus consecuencias negativas en su infraestructura,  mantenimiento y en la insuficiente planta docente.

La reforma impuesta por es centralista rompe con el pacto federal y deja a las autoridades locales como meros gestores sin soberanía alguna. Ha prevalecido la razón del control político.

Es una reforma de pésima calidad que dice buscar la calidad.

En contra del más elemental principio de administración moderna, responsable, la reforma no partió de un diagnóstico elaborado por quienes están facultados para la realización de esta trascendental y compleja función – la educación – ni por especialistas en la materia; diagnóstico indispensable para sentar las bases que permitirían mejorar el sistema educativo. Este vacío se llenó con las opiniones y dictados de organismos empresariales (como Mexicanos Primero) e internacionales, como la OCDE.

Ausentes la indispensable motivación y justificación suficientes, la reforma nada dice sobre la situación educativa del país, el pavoroso rezago educativo que afecta a más de la tercer parte de la población, ni de la inequidad educativa.  Más de dos quintas partes de las escuelas son multimodales, con todos los grados en un solo salón, sin servicios, ni agua, ni infraestructura; con niños que llegan a la escuela  sin haber probado un bocado. El maestro tiene que partir de esta realidad, sin que se le proporcionen los elementos para hacerlo. Esta es la realidad educativa, es una realidad injusta. La reforma ignora esta dramática realidad. Prácticamente en todos los foros se señaló que esta reforma plantea un marco homogéneo para una realidad compleja y diversa.

Rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional, está destinada a generar resistencias y desobediencia civil en defensa de la educación pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral y administrativa, dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.

Las acciones que se han emprendido como parte de estas reformas  en nada contribuyen al mejoramiento de la ansiada calidad de la educación. Un ejemplo claro son la prueba ENLACE y otras actividades diseñadas por la SEP, que promueven el individualismo y la competencia y no colaboración y el trabajo colegiado. Hoy muchos maestros están más preocupados porque los alumnos resuelvan la prueba ENLACE y otros exámenes estandarizados que por lograr el desarrollo armónico de todas sus facultades.

El mecanismo que se promueve para la actualización de los maestros, los cursos llamados de actualización para el magisterio en servicio, en cascada, esporádicos e improvisados, son una mera simulación; además de resultar un pretexto para la erogación de partidas presupuestales que van a parar a los bolsillos de consultores e instituciones que no tienen otro afán que el lucro. La experiencia ha demostrado que la mejor formación docente se produce en la acción colectiva y reflexiva de los maestros.

La dimensión pedagógica es la gran ausente en la reforma, al minimizar la problemática de los planes y programas de estudio, los métodos, los materiales educativos, etcétera. Se le atribuyen a los docentes las deficiencias educativas en el país y el contexto sociocultural no es tomado en cuenta. La evaluación entendida como medición es un grave error, porque en ella deben valorarse los procesos y la emisión de un juicio a través de la necesaria revisión de una serie de elementos pedagógicos. Es una reforma sin contenido pedagógico explícito, no plantea ninguna propuesta de carácter pedagógico, aunque subrepticiamente se corresponde con una visión conductista.

En síntesis, la reforma se caracteriza por una gran pobreza y confusión conceptual.

Una reforma privatizadora

Mediante el planteamiento de la llamada autonomía de las escuelas, el estado abandona su responsabilidad de resolver las necesidades materiales de la educación pública, cargando en los padres de  familia la responsabilidad del financiamiento y funcionamiento de las escuelas; en contradicción, al promover los exámenes nacionales estandarizados, se promueve un control administrativo que condiciona las prácticas de enseñanza.

La privatización es un punto central. La autonomía escolar da curso por ejemplo para cuotas escolares onerosas, patrocinadores oficiosos, financiamientos espurios, escuelas con fondos públicos administrados por la iniciativa privada. La filosofía empresarial entra con la competencia, con el darwinismo social, versus la solidaridad y la ayuda mutua.

Un modelo educativo que es una copia de las reglas del mercado y está basado en la competitividad absoluta entre las instituciones y los individuos. En rigor, la “responsabilidad” de la educación es contribuir a elevar la capacidad de competir en el mercado globalizado. Competir en un mundo desregulado, en el “nuevo capitalismo” basado en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Una reforma en contra de los maestros

La reforma se apoyó en una feroz campaña en contra de los maestros y la educación pública, orquestada por grupos patronales disfrazados de sociedad civil, copiando la estrategia seguida por la derecha norteamericana en contra de la educación pública de ese país. Se han gastado millones de pesos en esa campaña en contra de los maestros.

Es un retroceso a las conquistas laborales de muchas generaciones, busca meter a los maestros en un régimen de excepción y pretende controlar el movimiento magisterial; es violatoria de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional en cuanto a las garantías de estabilidad, derechos a la contratación colectiva, así como violatoria de convenios internacionales de protección al trabajo. Su aceptación representaría la muerte del sindicalismo y del normalismo.

Pronunciamientos y demandas en torno a la reforma educativa

Se presenta una relación de las demandas y los pronunciamientos en torno a la reforma educativa expresados con más insistencia en los foros.

  1. Deben abrogarse/derogarse las reformas a los artículos 3º y 73 constitucionales. En consecuencia, debe suspenderse toda medida vinculada con la llamada reforma educativa.
  2. A la par, debe generarse, extenderse y profundizarse el debate nacional y popular sobre el tema educativo.
  3. Se exige el aplazamiento de la discusión y aprobación de las leyes secundarias, este fue uno de los acuerdos establecidos entre el gobierno federal y la CNTE, sin embargo no se ha cumplido. Se exige cesar cualquier impulso a la aplicación de éstas, hasta convocar y procesar la consulta nacional donde será el pueblo quien defina el destino de estas leyes.
  4. Debe realizarse una consulta formal, sistemática acerca de los retos de la educación pública que concluya en un Congreso Educativo Nacional.
  5. Debe impulsarse una verdadera transformación educativa que parta del núcleo del proceso educativo y garantice la participación de los actores y fuerzas más importantes de la educación.
  6. Es necesaria una educación humanista, contextualizada que responda a las características y problemas de la diversidad nacional, una educación basada en la memoria histórica de nuestro pueblo, abierta a la cultura y al conocimiento. Una educación sustentada en la autonomía y participación democrática que contribuya al desarrollo de la nación pluricultural, democrática y justa establecida en la Constitución
  7. El magisterio se pronuncia por una auténtica reforma educativa que garantice que se cumpla el mandato constitucional de que la educación debe lograr altos fines de formación y desarrollo humano y cultural de todos los mexicanos.
  8. En todos los foros, se expresó la demanda de una reforma educativa que garantice la participación de maestros, padres de familia y estudiantes en la definición de políticas, planes y programas. Una reforma que promueva la construcción de auténticas comunidades educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver sus propios problemas educativos de acuerdo con su contexto regional, social, económico y cultural. 
  9. Se demanda una educación pública laica y gratuita garantizada por el financiamiento íntegro y suficiente del Estado. Se exige que se cumpla con la gratuidad de la educación, eliminando las cuotas “voluntarias” en las escuelas y que se deroguen los cambios  constitucionales que establecen la autonomía de gestión, con lo cual el gobierno federal y estatal pretenden evadir la responsabilidad de brindar todo lo necesario, tanto en servicios, infraestructura y materiales didácticos a las escuelas y trasladan la responsabilidad a los padres de familia y maestros de las escuelas. El estado debe asumir cabalmente el sostenimiento de las escuelas públicas, otorgando una relativa autonomía pedagógica a las comunidades escolares; no a la autogestión financiera de las escuelas.
  10. Se demanda un nuevo currículo, con reivindicación de los saberes socialmente significativos, que desarrolle las capacidades de pensamiento crítico y de indagación de los niños y jóvenes. La propuesta curricular debe incluir formas de evaluación cualitativa que rescaten  saberes, valores y actitudes para promover una educación que fortalezca y afiance los derechos humanos, una educación impregnada de dominio disciplinar, ético y solidario para formar ciudadanos analíticos, reflexivos y transformen su realidad y la del  país.
  11. Se rechaza el modelo vigente de actualización de los docentes. Debe establecerse un programa serio de actualización basado en el trabajo colectivo y colegiado de los maestros, con acciones continuas, con acompañamiento profesional directo y el debido seguimiento y que parta de las características contextuales de la escuela y la comunidad.
  12. Se exigen programas de actualización docente que reconozcan que para ser maestro se necesita tener la capacidad  de motivar, imaginar, explicar ampliamente, entender las dificultades de cada estudiante, analizar problemas, descubrir el mundo y eso no se mide con pruebas de opción múltiple.
  13. Se demanda una evaluación cualitativamente distinta, situada en los problemas reales, horizontal y de abajo hacia arriba, no estandarizada.
  14. Se demanda una evaluación integral de carácter formativo, una evaluación incluyente y no punitiva; una evaluación que retroalimente los procesos de aprendizaje, los subsistemas y las políticas educativas; una evaluación que reoriente y se centre en el desarrollo, el reconocimiento, el esfuerzo de los estudiantes. Una evaluación dinámica, con sentido ético contextualizada a cada región del estado y del país, no vengativa, ni amenazante.
  15. Debe ser eliminada la prueba ENLACE y cualquier otro tipo de exámenes estandarizados. Asimismo, se exige que se suspenda la aplicación de la punitiva Evaluación Docente Universal y la Carrera Magisterial.
  16. Se exige un programa serio para las escuelas normales, con los suficientes recursos presupuestales, de infraestructura, de mantenimiento, y para una planta docente suficiente y actualizada seriamente. Se demanda, nuevamente, que el estado asuma su compromiso de otorgar plaza a todos los egresados de las escuelas normales públicas del país.
  17. Se exige el reconocimiento de la evaluación como un proceso diagnóstico, crítico, dinámico, cualitativo, propositivo, colectivo, contextual y complejo donde influyen diferentes factores y actores de la educación. Por estas razones se rechaza la medición estandarizada, mecanicista, discriminatoria y excluyente que promueve esta contrarreforma.

Demandas y pronunciamientos políticos y laborales

  • Se demanda un salario digno y la garantía del empleo; ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de una medición punitiva; por tanto, se exige un programa de basificación masiva para quienes hoy cubren plazas temporales.
  • Se demanda la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, toda vez que quienes han sido acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente, cuentan con el perfil formativo y el derecho a ser contratados.
  • Luchar por la democratización del SNTE, exigir la realización de los congresos seccionales y el respeto a la votación universal directa y secreta.
  • Saludamos el triunfo de la CNTE en la Sección 7 de Chiapas y hacemos votos por la consolidación de la democracia sindical.
    • Se demanda la reinstalación inmediata e incondicional de los maestros cesados en Puebla. Se exige el cese de toda acción represiva contra el magisterio disidente.
    • Manifestamos nuestro apoyo a los jefes de enseñanza de secundaria arbitrariamente despedidos.
    • Demandamos la libertad de los miembros de la Sección 22 injustamente detenidos y nos manifestamos en contra de la criminalización de la protesta social, particularmente la ejercida en contra de los compañeros del Frente Oriente.
    • LIBERTAD INMEDIATA DEL PROFR. ALBERTO PATHISTAN, PRESO INJUSTAMENTE DESDE HACE 13 AÑOS EN CHIAPAS.
    • Es impostergable la construcción de un Proyecto Nacional que incluya a los pueblos indígenas del país, sus necesidades y su desarrollo inclusivo.
    • Manifestamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo y especialmente con el pueblo brasileño.

Ciudad de México, 12 de julio del 2013

RELATOR NACIONAL:

ING. MANUEL PEREZ ROCHA

Pronunciamiento intelectuales vs reformas 3o y 73

Pronunciamiento público en contra de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución

Centro de Convenciones Tlatelolco, México, D.F., a 12 de julio de 2013.

Los firmantes nos pronunciamos en contra de la reciente reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las siguientes razones:

Constamos que es una contrarreforma que violenta el espíritu y la letra del artículo 3° constitucional original, plasmado en la Carta Magna de 1917; un retroceso que rompe con el pacto social y político de la Revolución Mexicana; una más de las acciones autoritarias y restrictivas de un Estado articulado de manera subalterna al modelo neoliberal; una vuelta de tuerca que se realiza de espaldas a la sociedad y sin haber sido consensada entre quienes sostienen el sistema educativo nacional: el magisterio y los padres de familia. Esta iniciativa surge de poderes fácticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los educandos, los cuales emprenden una campaña de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático, a través de los monopolios de la información. Por su parte, el Congreso de la Unión acata dócilmente estas políticas contrarias al interés nacional y popular.

Se trata, en los hechos, de una reforma laboral-administrativa contraria al artículo 123 constitucional, que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por el gremio magisterial, afectado su permanencia en el empleo, sus salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso, sin resolver, por otro lado, los problemas del rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias en la infraestructura escolar. Se rompe también con la gratuidad de la educación con la validación de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y “gestión escolar”, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia.

Al mismo tiempo que el Estado se sustrae de sus obligaciones constitucionales, obliga al sistema educativo a depender de financiamientos externos espurios que pudieran tomar el control de las escuelas públicas, y ser administradas, en los hechos, por la iniciativa privada e, incluso, por asociaciones religiosas o de otra naturaleza, como el crimen organizado, todo lo cual pretende acabar con los candados de una educación pública, laica y gratuita.

La reforma,  por descansar en gran parte en el fetiche de una evaluación permanente, que tiene un carácter punitivo, por la estandarización y aplicación de pruebas como Enlace y Pisa, violenta el carácter plurilingüe, pluricultural y pluriétnico de la nación mexicana, además de hacer caso omiso de las diferencias sociales, económicas y de condiciones de vida y entornos familiares de los educandos y de los propios maestros. En consecuencia, es una reforma profundamente discriminatoria, racista y clasista, que violenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los artículos 1 y 2 de la Constitución.

Apoyamos a los profesores y las profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su lucha por la abrogación de la llamada “reforma educativa” y por una revolución en la educación que implica un cambio en la conciencia, en los métodos educativos, en las relaciones maestro-alumno-familia-comunidad, en la democratización sindical, y en la práctica cotidiana de los educadores mexicanos, quienes siempre han respondido con patriotismo y compromiso social a las adversidades y los retos de una educación al servicio del pueblo.

Pablo González Casanova, Raúl Vera López, Miguel Concha Malo, Gilberto López y Rivas, Ana Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Alicia Castellanos, Dolores González, Luis Hernández Navarro, Carlos Fazio, Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Pablo Romo Cedano