Articulo de César Navarro

EL MAGISTERIO Y LA INTENSIFICACIÓN DE LA OFENSIVA ESTATAL
CÉSAR NAVARRO (http://revistamemoria.mx/?p=665)si no hay justicia

La guerra política desatada en contra de los maestros a través de la reforma educativa impuesta por el Estado entró en su etapa más ofensiva y mayor agresividad durante los últimos meses. La embestida gubernamental pretende derrotar y eliminar la movilización y la resistencia magisterial que durante más de dos años, han sostenido decenas de miles de profesores, quienes rechazan someterse a las regresiones sancionadas por la reforma que afecta gravemente la escuela pública y vulneran a profundidad sus derechos laborales y su profesión.
Tanto la SEP como el INEE, perfilaron el 2015 como el año decisivo en la batalla en contra del magisterio opositor a la reforma. Puesto que pondrían en operación los instrumentos de coerción y sanción que, bajo nuevas reglas, definirían el ingreso, la permanencia y el futuro laboral de los docentes. De esa manera, se propusieron generalizar la aplicación de las evaluaciones contempladas en la reforma que incluyen igualmente alumnos y maestros. De acuerdo con el Programa de Mediano Plazo del INEE, tan solo en el presente ciclo escolar se programó la aplicación de 19 evaluaciones y se anunció la realización de aproximadamente 200 evaluaciones dentro del sistema de educación básica y media superior entre 2015 y 2020: 31 en 2016; 38 para 2017 y 2018 y 33 anualmente en 2019 y 2020.
Bajo este alud de pruebas, el INEE se asumió como instancia productora del diseño de evaluaciones destinadas a controlar, vigilar y castigar al magisterio; más parecida en su funcionamiento a una empresa maquiladora que a una institución del ámbito educativo. En ningún sistema educativo de América Latina existen o se ha proyectado el cúmulo de “pseudo evaluaciones” como el generado por la reforma educativa en curso. La enfermiza compulsión evaluatoria del INEE y la SEP, ratifica lo que Hugo Aboites diagnosticó como la “locura de la evaluación” dentro de nuestro sistema educativo.
El magisterio democrático tuvo consciencia de la ofensiva que se avecinaba. Las acciones punitivas y el despojo laboral inscritos en la reforma intentaron concretarse y hacerse efectivos a través del nuevo esquema de evaluaciones que se venía diseñando y, desde un principio, supo que esos eran sus verdaderos propósitos y no el de la evaluación de la supuesta “calidad educativa” y la valoración real sobre su desempeño como docentes. Ante este previsible ataque, el magisterio agrupado en la CNTE retomó e intensificó desde inicios de este año sus acciones y movilizaciones por la abrogación de la reforma y en contra de la imposición de evaluaciones destinadas a descalificar y golpear a los maestros.
Las recientes agresiones al magisterio de Oaxaca, agrupado en la sección 22, evidencian la embestida represiva y la estrategia puesta en marcha por el gobierno federal, en complicidad con el sumiso gobierno local, para imponer la aplicación de la reforma en Oaxaca y en todo el territorio nacional, especialmente en donde la fuerza y resistencia magisterial han hecho inviable su imposición.
El magisterio y diversos analistas han coincidido en señalar que, ante la persistente oposición sostenida por amplios segmentos magisteriales a la reforma, el gobierno federal se propuso adoptar un conjunto de disposiciones para reconcentrar facultades administrativas, jurídicas y políticas que estaban en manos de los gobierno locales, acumular mayor fuerza para enfrentarse directamente al magisterio en resistencia y garantizar la total imposición de su reforma educativa. Este proceso ha sido descrito y entendido como una nueva recentralización del sistema educativo nacional, bajo la conducción directa del poder ejecutivo federal y la SEP para garantizar la total imposición de la reforma educativa. En los hechos, ello ha conducido a la anulación de los limitados márgenes de gestión de los sistemas educativos estatales. La intervención directa de la SEP en la desaparición del IEEPO de Oaxaca es la expresión extrema del control que ahora ejerce la SEP sobre el sistema educativo de esta entidad y sobre el resto del país.
En mi opinión, la recentralización del sistema educativo corresponde también a una manifestación más del colonialismo interno, que ha sido reforzado dentro de la realidad nacional en distintos ámbitos de la vida social, regional, económica y política, y que tiende a consolidarse dentro de la educación pública bajo relaciones sociales de dominación, desigualdad, exclusión y racismo que acompañan al colonialismo y al predominio del poder político que gobierna en función de los intereses de las elites empresariales y oligarquías económicas, nacionales y extranjeras que se han apropiado de nuestro país.
La recentralización educativa colonialista fue evidente tras la sanción de la reforma y constituye un proceso planificado y sistemáticamente desplegado a lo largo de los dos últimos años con el propósito de contener y anular la oposición magisterial, abriéndose paso mediante una variada gama de medidas y disposiciones dentro del sistema educativo para alcanzar tales objetivos. A continuación, reseñamos algunas de las medidas que consideramos más trascendentes en torno a esta cuestión.
Para precipitar la aplicación de la reforma en todo el país, a principios de 2014, todos los gobernadores fueron convocados por la Secretaría de Educación Pública para firmar un convenio sobre la implementación de la reforma educativa, signado entre el poder ejecutivo federal, representado por Emilio Chuayffet y los gobiernos de sus estados. Sumisos y dóciles, todos los gobernadores, independientemente de su origen político, respaldaron el convenio unilateralmente redactado por el gobierno federal. Según se dijo, el acuerdo era para conjuntar esfuerzos y coordinar acciones para cumplir con oportunidad, eficacia y en forma ordenada los objetivos de la reforma.
Con el convenio, aseguró Peña Nieto, la reforma educativa se aplicaría sin excepción en todo el país, puesto que estaba sustentada en leyes e instituciones y el gobierno disponía de la energía y determinación necesarias para transformar la educación. A su vez, Chuayffet anunció que los gobiernos estatales se habían comprometido a tomar las acciones correspondientes para poner en práctica las nuevas disposiciones de las leyes en materia educativa y avanzar en la reforma, “pese a los pusilánimes y la oposición de los dogmáticos de siempre”.
Bajo este esquema de imposición-aceptación, se emplazó a los gobiernos estatales a “armonizar” sus respectivas leyes educativas locales, pero reconociendo y preservando siempre la “supremacía” de la constitución y las leyes federales, es decir, reformarlas y ajustarlas a tono con los dictados de la reforma educativa. De manera casi inmediata, se produjo una oleada de reformas legislativas en la mayoría de las entidades del país y sus leyes educativas fueron ajustadas y “armonizadas” con las disposiciones de la reforma. Pese a las movilizaciones y el rechazo magisterial, patente en gran número de estados de la república, los congresos locales, en forma servil, simplemente copiaron y transcribieron el texto constitucional, sin escuchar ni atender las propuestas que en diversas entidades plantearon los maestros en torno a la modificación de las leyes de educación de sus respectivas entidades.
A través del convenio, se comprometió y obligó a los gobernadores a acatar puntualmente las disposiciones de la reforma y cumplir con los nuevos lineamientos que habrían de diseñarse para concretarla, especialmente en relación con los procesos de evaluación y el servicio profesional docente. Implícitamente se les convocó, desde entonces, a contener y desmontar la oposición magisterial en sus respectivas entidades, sin espacio para tolerar lo que caracterizaron como “trasgresiones” de los maestros.
Bajo esta misma pauta de control y recentralización, la SEP determinó retomar de nueva cuenta el manejo directo de la nómina salarial de todo el magisterio nacional, con el propósito de retener los salarios y sancionar a los maestros que, por su participación en las movilizaciones magisteriales, no acudieran a sus centros de trabajo. Además, la federalización de la nómina magisterial representa una amenaza administrativa y laboral para los docentes, eliminó la participación de los gobiernos estatales en el pago de los salarios de los maestros de sus entidades y provocó retrasos, retenciones y alteraciones en los pagos de los salarios de decenas de miles de docentes sin que mediara sanción laboral alguna. Esta situación sigue irresuelta hasta la fecha.
Como medida complementaria, la SEP impuso a la cúpula del SNTE que la negociación salarial y sobre prestaciones del magisterio se realizara exclusivamente entre la SEP y la dirigencia nacional del sindicato, lo cual significó excluir a las direcciones de las secciones sindicales en la negociación de los salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación. Esta imposición, aceptada servilmente por la degradada y corrompida dirigencia nacional del SNTE, no sólo ha representado un acto más de traición al magisterio, sino también un hecho sumamente lesivo para la organización gremial, ya que a través de esta medida se han propuesto nulificar la representatividad de las secciones sindicales y reducir su potencial político y organizativo a meras instancias de gestión, dependientes del control central del SNTE; con especial dedicatoria para aquellas secciones en donde los contingentes magisteriales han resquebrajado el control político del SNTE.
Igualmente, en el transcurso del 2014, y con la intención de obtener un mayor consenso social y magisterial sobre la cuestionada reforma educativa, la SEP convocó tardíamente a una serie de foros sobre la Consulta Nacional para la Revisión del Nuevo Modelo Educativo y “debatir” con los maestros el nuevo proyecto. Esto a pesar que durante más de un año ignoraron las voces del magisterio opositor, desecharon todas sus alternativas propuestas sobre la reforma y la multitudinaria movilización de decenas de miles de profesores en todo el país simplemente fue descalificada, calumniada y perseguida.
Asimismo, la modificación al artículo tercero constitucional y la posterior aprobación de las leyes secundarias se hicieron a espaldas y mediante la exclusión del magisterio nacional. A la consulta se invitó a los involucrados en la educación básica, normal y media superior: maestros, alumnos, padres de familia, legisladores, autoridades educativas, investigadores, organizaciones civiles e interesados en aportar propuestas. Según la convocatoria, serían espacios para la realización de una “amplia consulta” sobre la revisión de planes, programas, métodos y materiales educativos, la cual se desarrolló entre febrero y junio de 2014, a través de 18 foros regionales y tres nacionales. Para “orientar” el trabajo de estos eventos, la SEP emitió “documentos base” sobre la educación básica, normal y media superior con temáticas y cuestiones a consultar e invitó a un grupo de académicos e investigadores para dictar conferencias y coordinar la elaboración de las relatorías y conclusiones de los foros. Por su parte, a los asistentes “consultados” sólo se les permitió presentar propuestas con una extensión máxima de cinco cuartillas y cuyas intervenciones no podían exceder de cinco minutos.
Sin embargo, debe precisarse que no existió absolutamente ningún compromiso por parte de las autoridades educativas para que las propuestas presentadas fueran vinculatorias o efectivamente consideradas en la formulación del nuevo modelo educativo. El único compromiso que adquirió la SEP fue que las conclusiones de los encuentros regionales serían “leídas” en los foros nacionales. Incluso a los eventos nacionales tuvieron acceso únicamente los invitados seleccionados por el Secretario de Educación Pública. Era previsible que en los foros se recabaran algunas propuestas, pero no más. Desde luego, posteriormente se argumentó que el nuevo “modelito” fue construido a partir de una consulta que obtuvo el más amplio consenso educativo.
En realidad, esta consulta constituyó un acto más de simulación de los autores de la reforma educativa. Los resultados de los foros no se divulgaron y no existen evidencias públicas sobre las cuestiones aprobadas. Los nuevos planes y programas de educación básica, normal y media superior están elaborados solo por la SEP y sus expertos y se ha anunciado que muy probablemente entrarán en vigor en el próximo ciclo escolar 2016-2017. Como ha ocurrido anteriormente con otros cambios curriculares, es posible que los maestros apenas conozcan los planes y programas unos días antes que las autoridades educativas determinen que se pondrán en operación en las escuelas. En suma, un nuevo modelo educativo en el que otra vez estarán ausentes las aportaciones, conocimientos, saberes y experiencias del magisterio.
Todos estos agravios al magisterio, derivados de la reforma educativa, revitalizaron y extendieron la protesta de los docentes a nivel nacional. Las movilizaciones actuales de miles de maestros responden al clima persecutorio y de hostigamiento político y mediático desatado en su contra, en el contexto de la aplicación de las evaluaciones. Desde los primeros meses de este año, el conflicto magisterial se precipitó con mayor fuerza en diversas entidades en donde se concentran los principales destacamentos de la CNTE. En el Estado de Gurrero el magisterio lucha no sólo por sus demandas educativas y laborales, sino además ha asumido con vigor y se ha comprometido consecuentemente, junto a otros contingentes sociales, con las jornadas de lucha desplegadas por los familiares y compañeros de los normalistas rurales de Ayotzinapa que reclaman justicia ante los crímenes cometidos y el retorno con vida de los jóvenes desaparecidos durante la masacre ocurrida en Iguala hace un año.
El enfrentamiento del magisterio guerrerense con los gobernantes cómplices de los grupos delincuenciales es permanente y su movilización fue determinante para la caída del gobierno local perredista, implicado en los sucesos de Iguala. Las acciones represivas del gobierno guerrerense ocasionaron la muerte dos profesores: Antonio Vivar Díaz y Claudio Castillo en las movilizaciones de Tlapa y Acapulco, respectivamente. Al calor de la lucha en contra de los crímenes de maestros y normalistas rurales y ante la ausencia de respuesta de justicia del poder público, los padres de familia y los maestros de Guerrero lanzaron la consigna del boicot a las elecciones, con el objetivo de dar la espalda a los partidos y al sistema político corrupto y degradado que impera en esa entidad sureña. Consigna política que luego sería asumida por los maestros de la CNTE. De este modo, la lucha magisterial trascendió nacionalmente del ámbito educativo al cuestionamiento del sistema político en su conjunto. Las acciones magisteriales de boicot a las elecciones con mayor fuerza y trascendencia durante la jornada electoral fueron las registradas particularmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
El clima de tensión e inconformidad provocado entre el magisterio por las evaluaciones que pretendían aplicarse a los docentes fue alimentado, además, por las reiteradas descalificaciones externadas por el INEE hacia los maestros. Justo cuando se aproximaba el periodo para la aplicación de las evaluaciones sobre el desempeño docente que determinan la permanencia laboral de los profesores, el Instituto divulgó un conjunto de formulaciones que, sin un sólido sustento, descalificaba la formación y capacitación profesional de los maestros y, con base en la utilización de informaciones sesgadas y manipuladas, presentaba una visión deforme sobre el trabajo magisterial, afirmando que gran número de maestros en servicio no disponían de una formación aceptable, debido a sus “carencias sociales y culturales”, por lo que pronosticó que, de acuerdo con los nuevos estándares de profesionalización del magisterio, no obtendrían resultarían idóneos para seguir desempeñándose como docentes. A la vez, elaboró una compleja y abigarrada relación de perfiles, indicadores y parámetros ajenos a la práctica y formación de los docentes en servicio, a partir de los cuales se elaboraron los exámenes y evaluaciones sobre su ingreso y permanencia.
Así, con estos pronósticos y modelos de evaluación el magisterio en resistencia entendió cuáles eran los propósitos y los previsibles resultados de dichas evaluaciones, lo cual explica su insistencia en rechazar y oponerse a las evaluaciones que pretenden aplicarse. La CNTE llamó a sus contingentes y al magisterio en su conjunto a exigir su cancelación y a no participar en dichas evaluaciones e incluso a evitar que se llevarán a cabo.
El propio INEE se encargó de develar los verdaderos propósitos de sus proyectadas evaluaciones así como su carácter persecutorio en contra de los docentes, lo que demostró que la crítica y oposición magisterial al tipo de evaluaciones del INEE para valorar el trabajo docente no eran meros pretextos para no evaluarse. Igualmente, en fechas previas a las evaluaciones, el INEE publicó un estudio denominado Los docentes en México. Informe 2015 elaborado por “especialistas” al servicio del Instituto, en el que arribaron a “trascendentales” conclusiones sobre los profesores. Pronosticaron que dentro de una década no se contaría con suficientes maestros para las escuelas públicas de enseñanza básica, como resultado de la extinción laboral de decenas de miles de maestros que habrán de jubilarse o pensionarse luego de cubrir el trayecto de su vida docente. Esto por el declive en el egreso de las normales públicas y el número de sus egresados que no resulten “idóneos” en el concurso de oposición, mejor dicho de selección, para ingresar al trabajo docente. Se argumentó además que la baja en la matrícula de las normales es resultado de la pérdida de “atractivo” de la profesión docente.
Silvia Schmelkes, presidenta del INEE y exempleada de Mexicanos Primero y Televisa, repitió estas falacias en la presentación de ese texto. En realidad sus expertos manipularon cifras para llegar a la conclusión de que no se ocupaban todos los lugares disponibles en la oferta para el ingreso a las normales públicas. Pero quienes hemos seguido la evolución y problemáticas del normalismo, podemos aclarar que no se trata de un problema de atractivo, esta situación se explica a partir del número de estudiantes excluidos en los exámenes de selección, ya que sólo alcanzan a ingresar el 70 % de los aspirantes que presentan esos exámenes, así como por la sistemática disminución del volumen de la matrícula en las normales públicas, especialmente del normalismo rural.
El INEE, de acuerdo con sus prospectivas sobre la evolución de la matricula normalista y la demografía del universo docente, consideró que se mantendría esta tendencia decreciente y, por tanto, también pronosticó que las normales ya no serían las instituciones en donde se formarían los maestros para la educación pública y que el origen normalista de los maestros sería cada vez menor en las próximas décadas. Ante lo cual propuso la búsqueda de alternativas para cubrir las plazas vacantes y la futura formación de los docentes en otras opciones educativas de educación superior, privadas y públicas “para atraer una matrícula considerablemente mayor y mejor calificada”. El proyecto para despoblar la escuela pública de los profesores normalistas, resistentes a los embates en contra de la educación pública, es un componente esencial de la reforma educativa en curso. Los expertos del INEE seguramente estudiaron en las obras pedagógicas de Elba Esther Gordillo, ya que copiaron sus conclusiones sobre los profesores y estudiantes normalistas.
Sin embargo, la protesta magisterial se fortaleció, acrecentándose y extendiéndose por todo el país. Nuevos contingentes de profesores se sumaron a las acciones convocadas por la CNTE, al comprender con mayor claridad que está en riesgo su propio futuro como trabajadores docentes y su profesión magisterial. Así, en segmentos magisteriales, principalmente de filiación “institucional”, se ha generado un clima de temor ante la posibilidad de que, tras muchos años de servicio, puedan perder su plaza de trabajo a través de las evaluaciones, condición que ha orillado a cientos de profesores a optar por su jubilación. Por otra parte, en forma inesperada surgieron protestas, marchas y paros de maestros en entidades y regiones en donde no se habían manifestado masiva y públicamente en oposición a la reforma.
En varias entidades los maestros de la CNTE, además de exigir la cancelación de las evaluaciones, impidieron su aplicación y entraron en paro de actividades a partir del primero de junio. En este entorno de acciones y movilizaciones magisteriales, y de boicot a las elecciones, la SEP se vio obligada a suspender temporalmente algunas evaluaciones, aduciendo problemas de orden técnico para no reconocer la presión ejercida por el movimiento de los profesores. Suspensión que desató la histeria generalizada de los adversarios tradicionales de los maestros, que al unísono demandaron “castigo y represión a los “transgresores y criminales”, como regularmente los denominan Mexicanos Primero y otros como ellos.
En respuesta a la movilización del magisterio, en el mes de julio se convocó a una reunión del Consejo nacional autoridades educativas (Conaedu), presidida por con Emilio Chuayffet, en esta se acordó integrar un frente común para aglutinar los tres órdenes de gobierno, autoridades educativas de los estados, la “sociedad en su conjunto”, y maestros y padres de familia, para garantizar la realización de las evaluaciones y comprometerse en la aplicación de las sanciones correspondientes a los profesores que incumplieran con las normas aprobadas por la reforma.
Apenas unos días después de la formación del “frente”, la SEP celebró un convenio de colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana, en donde el Secretario de Educación se congratuló de que la COPARMEX hubiera “sumado esfuerzos con el gobierno federal para llevar a cabo la reforma”, y de este modo “seguir estimulando que los alumnos de las escuelas públicas estén mejor preparados”. De un plumazo, Chuayffet le otorgó a la COPARMEX el estatus de institución corresponsable de la calidad educativa dentro de la educación pública. Por su parte, y contribuyendo igualmente a la descalificación de la lucha magisterial, la Suprema Corte Justicia de la Nación determinó rechazar los amparos interpuestos por diversos contingentes del magisterio en contra de la reforma.
Siguiendo con la jornada de promoción del frente, y en el marco de otro convenio celebrado entre la SEP y la SEDENA, el general Salvador Cienfuegos manifestó el respaldo del Ejército Federal a la reforma educativa, precisamente al mismo tiempo que las multitudinarias movilizaciones magisteriales cuestionaban la reforma y sus evaluaciones. El militar señaló que constituía “la primera y más importante de todas las reformas emprendidas por el gobierno y por ello el ejército la apoya”. Además, en el convenio se anunció que, siguiendo instrucciones presidenciales, la SEDENA emprendería la creación de escuelas de educación media superior militarizadas en todas las entidades del país. En cierta medida, se anunciaba la disposición del ejército para apoyar las acciones que fueran necesarias para concretarla. Bajo este mismo tenor, la Secretaría de la Marina también se sumó y externó su disposición para apoyar las acciones en favor de la reforma.
Ante la persistencia del movimiento de protesta de los maestros, el gobierno federal determinó no entablar ningún diálogo o negociación con los representantes de la CNTE en tanto mantuvieran el paro y las movilizaciones en el país. Condicionamiento que, por supuesto, fue rechazado por la Coordinadora. Esta postura gubernamental debe ser entendida como el preámbulo y preparación del golpe que se aprestaban a asestar al magisterio de Oaxaca.
En forma intempestiva, durante los primeros días de agosto, el Gobernador del ese Estado, en compañía del Secretario de Educación Pública, anunció la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública, surgido en 1992 bajo el proceso de descentralización educativa que se instituyó con la firma del Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica, pactado entre Carlos Salinas, la entonces dirigente del SNTE y los gobernadores de las entidades federativas, incluida Oaxaca. La unilateral derogación del decreto que le dio origen significó la extinción de la normatividad laboral y profesional bajo la que se regían los trabajadores de la educación de esa entidad. Al mismo tiempo, ilegalmente se intervinieron y congelaron las finanzas de la sección sindical. La argumentación de ambas autoridades para justificar la medida adoptada consistió en afirmar que la sección 22 prácticamente había cooptado la estructura del IEEPO y, por tanto, había que liberarla del control de gremio magisterial. Afirmación falsa y tendenciosa ya que en el IEEPO participaban maestros propuestos por la base magisterial, conforme a las normas que regían al Instituto, pero su dirección y conducción siempre estuvo en manos de las autoridades designadas por el gobierno estatal.
El secretario Chuayffet aseguró que con estas medidas la SEP y el gobierno estatal recuperaban la dirección del sistema educativo estatal y se liberaba al magisterio de Oaxaca del control corporativo y las arbitrariedades impuestas por la sección sindical. Bravucón y provocador, el “libertador” de la educación y de los maestros de Oaxaca arribó en compañía de nutridas huestes educativas, integradas por miles de efectivos del ejército y la Policía Federal que tomaron bajo su control las instalaciones del IEEPO y otras oficinas públicas. Las fuerzas de seguridad federal hicieron patente su presencia en la capital de la entidad, con sobrevuelos de helicópteros de sus corporaciones. Como parte de la ofensiva antimagisterial, se anunció que se interpondrían denuncias penales en contra de dirigentes magisteriales de la sección 22, por presuntos actos delictivos cometidos durante las movilizaciones magisteriales. Actualmente se han librado más de 35 órdenes de aprensión en contra de representantes del magisterio de Oaxaca.
De este modo, la acción gubernamental para acallar la protesta magisterial e imponer la reforma adoptó el recurso de la amenaza de la utilización de las fuerzas armadas y de seguridad pública, así como de la acción judicial en contra de sus representantes. Oaxaca puede representar el aviso e inicio de una estrategia que luego se intente generalizar en contra de los maestros de la disidencia magisterial del resto del país. Así, el Estado mexicano determinó desplazar del ámbito educativo el movimiento de los docentes para convertirlo en un conflicto político y de seguridad pública, con claros tintes de persecución magisterial.
El rechazo magisterial, ante las acciones de los gobiernos estatal y federal, se hizo patente a través de multitudinarias manifestaciones en la ciudad de Oaxaca en las que participaron miles de maestros, acompañados de integrantes de organizaciones sociales, habitantes de pueblos y comunidades y padres de familia. La agresión perpetrada no los ha paralizado, ni estacionado en el temor. Al mismo tiempo, el magisterio agrupado en la CNTE ha emprendido jornadas de movilización en otras entidades federativas en respaldo a la lucha que libran sus compañeros de Oaxaca ya que están conscientes que la embestida lanzada por el gobierno de Peña Nieto a los maestros oaxaqueños comprende a todo el magisterio disidente y resistente.
Decenas de escuelas de Oaxaca fueron ocupadas por elementos de la gendarmería de la Policía Federal, para realizar trabajos de limpieza, pintura y mantenimiento de sus edificios en las llamadas Jornadas de Dignificación de Escuelas. Tan loable y oportuna atención no es sino la coartada para que la Policía mantenga resguardados los centros escolares para impedir que sus maestros retornaran y eventualmente no iniciaran el nuevo ciclo escolar. Por el contrario, el magisterio propuso adelantar el reinicio de las actividades escolares, cuestión que no fue posible generalizar por la ocupación y presencia policiaca. Adicionalmente al entorno de tensión provocada, el gobernador Gabino Cué pidió al gobierno federal que la seguridad pública de la entidad fuese asumida por el ejército y otras fuerzas de seguridad federal. El riesgo ya latente con la presencia militar, se tornará más peligroso, eventualmente pueden producirse actos de agresión y represión con consecuencias graves e incalculables. El combate a los profesores ha derivado en la militarización del estado de Oaxaca: un resultado más de la llamada reforma educativa.
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REFERENCIAS
CNTE, “Conclusiones del Seminario Nacional Educación Alternativa” febrero 2015.
——– Acuerdos, tareas, resolutivos y plan de acción de la Asamblea Nacional Representativa, 1° de junio, 2015.
———Posicionamiento de la CNTE en el marco de la Jornada Nacional, junio 4, 20115.
———Desenmascaremos la infame campaña de linchamiento en contra del magisterio y la CNTE, junio 4, 2015.
Tatiana Coll, “Cinco incongruencias del INEE”, La jornada, mayo 11.
INEE, Programa de mediano plazo para la evaluación del servicio profesional docente, 2015-2020, México, 2014.
INEE, Los docentes en México. Informe 2015, México, 2015.
Luis Hernández Navarro, ——“El tamaño del desafío magisterial”, La Jornada, Julio 13, 2015.
“La blitzkrieg contra el magisterio” La Jornada, agosto 14, 2015.
——“La militarización de Oaxaca y el magisterio”, La jornada, agosto 18, 2015.
César Navarro, “Anuncio de futuro: despoblamiento del normalista de la escuela pública”, La jornada, abril 15, 2015
———“Las provocaciones del INEE”, La jornada, junio 6, 2015.
———“Aliados en el frente antimagisterial”, La Jornada, julio 17, 2015.
Manuel Pérez Rocha, Educación. Valores de cambio, valores de uso, México, Educación, 2014.

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