Centralización contra los maestros.

CENTRALIZACIÓN DE LA NÓMINA: PROVOCACIÓN CONSUMADA

Martha de Jesús López Aguilar[*]

La Jornada 8/marzo/2015

Lo acontecido el 24 de febrero en el bulevar de Las Naciones de Acapulco, donde se movilizaban más de 4 mil 500 trabajadores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, terminó con la violenta represión de la Policía Federal, que aprovechando cuando quitaron la luz del bulevar, a punta de toletazos bajó de la camioneta de sonido al profesor jubilado Claudio Castillo Peña, de 65 años, dejándolo inconsciente, con 18 costillas rotas y quien murió horas después a causa de los golpes recibidos. El profesor fue un luchador social, defensor de la educación pública y los derechos laborales del magisterio. (Véase El temple de Claudio Castillo Peña. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/03/opinion/019a2pol)

A pesar de que más de 200 mujeres iban al frente de la marcha, que partió de Puerto Márquez justamente para frenar la confrontación, fueron las primeras golpeadas por los policías antimotines, que además abusaron sexualmente de cuatro maestras, una de ellas hospitalizada en estado delicado (leer su testimonio http://suracapulco.mx/arch). Este acto aberrante demuestra que la violación sexual sigue siendo un botín de guerra.

Además, hubo siete heridos y 106 detenidos, después liberados. Esta represión de Estado es parte de la criminalización de la protesta social dada con mayor agresividad para contenerlas e imponer las reformas estructurales, en especial, la educativa.

Desde el 11 de febrero los maestros movilizados firmaron una serie de compromisos con autoridades del gobierno federal y estatal, una de ellas era realizar una mesa de negociación, el 24 de febrero, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Al ser cancelada, decidieron tomar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Acapulco y presionar a las autoridades para hacer cumplir los acuerdos firmados.

El 26 de febrero, Salvador Martínez della Roca, secretario de Educación de Guerrero, fue entrevistado en el noticiario de Carmen Aristegui, reconoció que hubo excesos de la policía contra manifestantes y no hubo diálogo. Dijo que lo que motivó este enfrentamiento fue la falta de seguridad del salario y la arbitrariedad de la Secretaría de Hacienda al echarle más gasolina a la hoguera, siendo ésta una provocación, porque hay una nómina inflada desde 1992. Y pregunta, ¿por qué si les pagaban antes, en la actual coyuntura se les dejó de pagar? Además, afirma que les quitaron 2 mil 300 millones de pesos del presupuesto para educación y cuestiona por qué al estado de México le aumentaron 9 por ciento el gasto educativo y a Guerrero le aumentaron sólo 3.5 por ciento, según lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Lo que demuestra que Hacienda, la SEP y el gobierno federal han castigado a los contingentes afines a la CNTE –que se han negado a aceptar la imposición de la contrarreforma educativa– al no regularizar su salario, ya que mediante la Ley de Coordinación Fiscal, la cual entró en vigor en enero de 2015, la Federación centraliza el pago de nómina por conducto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto operativo (Fone) administrado por la SHCP, existiendo el riesgo de que ni la representación sindical ni los profesores tengan el control sobre sus ingresos y estabilidad laboral al estar condicionados al pago de la nómina magisterial a cumplir con los perfiles, parámetros e indicadores impuestos en la normatividad educativa.

La bilateralidad entre la representación sindical y las autoridades estatales respecto de los incrementos en las remuneraciones estará supeditada al Servicio Profesional Docente y a la disponibilidad de recursos públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Con ello se aniquila la bilateralidad del contrato.

Días después de la represión, Martínez della Roca dijo que ya fueron pagados los adeudos de enero, febrero y la segunda parte del aguinaldo, y se mantienen las negociaciones para llegar a acuerdos con la Secretaría de Hacienda y no suspender el pago, así como la revisión y reconocimiento de 12 mil 300 plazas y la entrega de 420 millones de pesos para pagar la nómina hasta marzo.

A escala nacional, durante la primera quincena de enero, 48 mil 442 casos fueron objeto de aclaración por parte de las entidades federativas. En la segunda quincena de febrero al menos 10 estados se manifestaron por varias irregularidades: no recibir el pago oportuno y completo de su salario (hay a quienes su cheque les llegó en ceros,) maestros que les suspendieron el salario porque no estaban en la base de datos y tuvieron que probar que lo eran.

La forma de pago provocó conflicto porque se reclama un comprobante de pago que acredite cuánto reciben y explique el desglose de sus percepciones y descuentos. Y rechazan la tarjeta electrónica porque reciben un estado de cuenta por Internet sin precisiones, ni registro de sus años de servicio y porque hay insuficiencia de bancos y cajeros en comunidades apartadas para realizar el cobro vía electrónica.

En el caso de Oaxaca, 11 mil 250 trabajadores de la educación no habían recibido el pago de la última quincena de 2014 ni aguinaldo y 6 mil 904 tenían irregularidades en la nómina magisterial, supuestamente por no comprobar su nombramiento.

Además, hubo casos de cheques sin fondos y sin folios. Se reportaron más de 3 mil incidencias tanto de falta de pago como reducción del mismo. Esta fue la causa que motivó a los miles de maestros oaxaqueños a trasladarse a la ciudad de México y ocupar el Paseo de la Reforma.

Con la intensión de centralizar la nómina magisterial e imponer una reforma más administrativa-laboral que educativa, queda demostrado que las prácticas autoritarias del viejo PRI se han reinstaurado mediante la violencia institucionalizada del Estado sobre los trabajadores de México.

[*] Profesora normalista de la sección 9 CNTE. Autora del libro La primavera magisterial de 1989

 

Foro: Las mujeres y Ayotzinapa.

MADRES DE LOS 43 EXHORTAN A DECIR ¡YA BASTA! CONTRA VIOLENCIA Y FEMINICIDIOS

mujeres ayotziLas mujeres aún somos consideradas objetos desechables en el ámbito laboral, social y económico, se dijo ayer en el foro Las mujeres y Ayotzinapa Foto Yazmín Ortega Cortés

Laura Poy Solano La Jornada Domingo 8 de marzo de 2015, p. 7

Madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, activistas sociales y alumnas de la Escuela Normal Rural de Tamazulapan, Oaxaca, exhortaron a la sociedad a mantener la unidad en la lucha contra la injusticia y la represión, pero también a decir ¡ya basta! contra los actos de violencia, desaparición forzada y feminicidios que afectan al país.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, enfatizaron que la igualdad de género aún no es una realidad en México. Recordaron que en Chihuahua, estado de México, Distrito Federal y otros estados, los casos de feminicidio se siguen incrementando. Las mujeres desaparecidas aumentan, advirtieron.

Seguimos sin obtener una verdadera igualdad y equidad como seres humanos. Las mujeres aún somos consideradas objetos desechables en el ámbito laboral, social y económico, afirmó Alejandra Torres, de la organización Pan y Rosas.

Reunidas en el foro Las mujeres y Ayotzinapa, convocado por el magisterio disidente del Distrito Federal y diversos colectivos sociales, señalaron que ante la falta de acceso a la justicia y la verdad: No vamos a callarnos ni a dejar de salir a las calles para exigir que se castigue a los culpables de los actos de violencia y represión contra la población, y en especial contra las mujeres.

En el acto, Carmen Cruz, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, uno de los 43 estudiantes normalistas que permanecen desaparecidos, afirmó que seguimos con la convicción de continuar la lucha a cinco meses de su ausencia. Queremos dejar muy en claro al gobierno federal que no tenemos miedo. Por eso les pedimos que no dejen de unirse y organizarse, porque ellos saben dónde están nuestros hijos y si no los han encontrado es porque no han querido.

Norma Andrade, activista y cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, afirmó que México es un país que se está desmoronando en pedazos y no hacemos nada.

Por ello llamó a la unidad de todos los referentes de lucha social para “decir ¡ya basta! No queremos más represión, más violencia ni feminicidios”.

Agregó que la lucha contra la desaparición forzada y el feminicidio debe involucrar a todos los mexicanos. Hemos revisado el marco jurídico y a nivel federal se establece que el delito de la desaparición forzada puede sancionarse hasta con 40 años de prisión, pero en Chihuahua, también puedes ir a la cárcel por ese mismo lapso si te robas una vaca. O sea, parece que valemos igual o menos que una vaca.

En el encuentro en que participó Thalía Vázquez Alatorre, ex abogada de José Manuel Mireles, ex vocero de las autodefensas en Michoacán, Norma Andrade aseguró que se requiere de la unidad de todas las madres, las de Ciudad de Juárez, las de Ayotzinapa, las de Ecatepec, que buscan a sus hijas, y de todas las organizaciones para transformar este país y dejar de ser manipulados por este gobierno.

Las asistentes, recordaron que sin unidad no se podrá avanzar en el cambio que necesita este país.

Y propusieron que habría que imaginar un día sin mujeres, qué pasaría con la economía, con el gobierno, si una mañana simplemente dejáramos de hacer lo que cada día realizamos, quizás entonces podríamos alcanzar una verdadera igualdad de derechos.