¿REFORMA EDUCATIVA O REFORMA LABORAL?

¿REFORMA EDUCATIVA O REFORMA LABORAL?

   Mtra. Martha de Jesús López Aguilar.

“El mejor modo de defender nuestros derechos, es conocerlos bien; Así se tiene fe y fuerza: Toda nación será infeliz en tanto que no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres. La educación es el único medio de salvarse de la esclavitud. Tan repugnante es un pueblo que es esclavo de hombres de otro pueblo, como esclavo de hombres de sí mismo”.

José Martí

Ponencia presentada en la Conversación Educativa “Miradas sobre la reforma educativa” en el XII Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Guanajuato el 19 de noviembre de 2013.

las tres evaluacionesANTECEDENTES

La reforma educativa promulgada el 26 de febrero de 2013 es la primera reforma estructural impuesta por el gobierno peñista y representa la culminación de acuerdos, alianzas, compromisos y pactos entre los poderes facticos nacionales  e internacionales durante los últimos 4 sexenios que influyen en la política educativa fomentando la privatización de la educación pública y deteriorando los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Uno de los poderes facticos internacionales es la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico (OCDE), empresa trasnacional lucrativa que vende políticas educativas[1] como: la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) presentada el 15 de mayo de 2008 que representó el pacto político electoral entre Gordillo y Calderón; “Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas” presentada en septiembre de 2010; “Avances en las reformas de la educación básica en México. Una perspectiva desde la OCDE” de 2012; “Panorama Educativo (2012); “México. Mejores políticas para el desarrollo incluyente” contiene 109 recomendaciones que inciden directamente  en la reforma tributaria, energética y especialmente en la educativa de las que se derivan las 3 leyes secundarias (INEE, LGE y LGSPD) fue entregada a Peña Nieto previo a la posesión presidencial en septiembre de 2012.

Otro poder factico  es el de Mexicanos Primero como lo explica Hugo Aboites  “es un organismo  de grandes empresas nacionales que es uno más de los grupos “civiles”  empresariales que en América Latina presionan por un cambio en la educación a fin de orientarlo a la formación de capital humano”[2] y ha incidido en la reforma educativa  a través de informes sobre el estado de la educación en México. Estos son: Contra la pared, 2009; Brechas, 2010; y Ahora es cuando. Metas 2012-2024. Este último documento  habla de 4 caminos para la transformación educativa, incluidos totalmente en la reforma educativa: 1. Recuperar la rectoría del Estado mexicano en educación; 2. Profesionalización docente; 3. Gasto transparente y eficiente y 4. Autonomía y participación de las escuelas. Además propone un calendario de acciones 2012-2024 de manera puntual y que ya se está llevando a cabo. Las propuestas de la OCDE y de Mexicanos Primero fueron introducidas  en los artículos 3º y 73 Constitucional y en las leyes secundarias.

BARDA¿AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE LAS ESCUELAS?

La reforma educativa comenzó desde 1992 con el Acuerdo para la modernización Educativa (ANMEB) y una de las líneas de acción fue la descentralización administrativa de los servicios educativos a los estados y la creación de los Consejos Escolares de Participación Social. Con ello, la federación redujo el presupuesto educativo y los estados se vieron obligados a dar más, provocando deterioro y carencias de mantenimiento e infraestructura en las escuelas durante dos décadas.  

La autonomía de gestión escolar tendría la función de resarcir este daño a la escuela pública. Por eso no es ningún mito afirmar que la educación pública se privatiza, pese a que existe una situación contradictoria en la ley, porque en el art. 3º Constitucional se afirma que toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Y en la Ley General de Educación artículos 2, 3, 4 y 19 hablan  del derecho de recibir educación, así como la obligación del estado de prestar los servicios educativos. De manera más explícita en el art. 6  se afirma que la educación que el Estado imparta será gratuita y el art. 25 menciona la responsabilidad del  Ejecutivo Federal  y de los gobiernos estatales  de concurrir al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.

Sin embargo, en el art. 73, Quinto Transitorio, Fracción III, inciso a) se habla de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

En la Ley General de Educación en el artículo 12 V Bis y XII Bis se menciona  “Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar…”  y  el art. 28 Fracción III expresa lo siguiente: “Administrar en forma trasparente y eficiente los recursos…” en ambos artículos  se afianza y confirma la participación  entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, de involucrarse en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Además existe el “Manual de Mantenimiento Escolar. Cuidemos nuestra escuela. Elaborado por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)  que establece las actividades donde se “requiere de la participación activa de los diversos miembros de la comunidad escolar, particularmente los padres de familia en coordinación con el director y los maestros”, según el propio manual los ámbitos de responsabilidad son: instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, impermeabilización, pintura, tratamiento de la basura, mantenimiento del mobiliario y las áreas verdes. Sugiere crear un Comité de Infraestructura para hacer el diagnóstico de necesidades y gestionar para resolverlas.[3]

A través de la autonomía de gestión avanzaría aún más la subrogación de servicios y el subsidio al sector privado. Como afirma Luis Hernández Navarro, se permita la entrada a centros escolares de empresas que proveen recursos y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública, facilitando la entrada a las escuelas de gestores privados que puedan comerciar con las necesidades escolares.[4] En un mediano plazo, se definirán modelos de financiamiento basado en la demanda con una lógica de mercado.

a quien le debe la educacionPRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.

Existen otras formas de privatización de la educación, como lo menciona Hernández Navarro: “Privatizar significa transferir una empresa, un bien o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar implica ceder a particulares, por la vía de la venta, la transferencia, la subrogación o la asociación, áreas, responsabilidades y activos públicos.” [5]

En México la privatización de la educación se presenta de diversas maneras como: el programa nacional de financiamiento a la educación superior al entregar un monto de “Becas- crédito” a escuelas privadas, varias de ellas de dudosa calidad;[6] la capacitación, actualización y profesionalización pagada por los maestros; desaparece en algunos estados la cooperativa escolar y en su lugar están las tienditas escolares o las microempresas,[7] participación de empresas contratadas en el mantenimiento e infraestructura escolar; el contrato con editoriales extranjeras, el fraudulento contrato millonario con Enciclomedia y el Programa de Habilidades Digitales, que son materiales de dudosa calidad y pronto se vuelven obsoletos; la subrogación y contratación de los servicios educativos,[8] la integración de alumnos con discapacidad a escuelas regulares; eliminar el cobro de impuestos a colegios particulares con un monto anual aproximado de 12 millones de pesos; las cuotas escolares “voluntarias” para todo tipo de gastos (insumo, remodelación de instalaciones, mantenimiento  de la conectividad de internet, etc.); mano de obra que dan los padres de familia para hacer diversas reparaciones o la limpieza escolar; pago de alimentos en ETC; aumento de escuelas normales privadas mientras a las escuelas públicas y sobre todo rurales se les asfixia reduciéndoles el presupuesto; la venta de millones de exámenes estandarizados; la promoción de formas rápidas de certificación con una empresa evaluadora; el aumento de escuelas subvencionadas, etc.

A través de una asociación público-privada se transfiere a agentes privados la contratación de obras, estudios, publicaciones, evaluaciones que son responsabilidad de los gobiernos federal o estatal.

Elsie Rockwell reconoce que en los últimos 20 años las reformas educativas se han generado con el impulso del neoliberalismo, lo que implica la destrucción del patrimonio educativo del país, imponiendo su proyecto ideológico de libre mercado con un despojo total, privatizando el espacio público provocando que no haya una educación para todos. Genera un sistema diferente, que impone la segmentación entre escuelas públicas y privadas. Las escuelas con mayor Ranking tienen mayor prestigio y se les otorga mayor presupuesto. Además se da un proceso  en el cual se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Los empresarios venden al estado productos educativos sirvan o no, sean necesarios o no. Para ella, la autogestión escolar significa que “las escuelas se rasquen con sus propias uñas.”[9]

Por todo ello, se afianza la legitimación de la privatización, de tal forma que la sociedad mexicana siente este avance como normal, creyendo que así se puede lograr la calidad educativa, sin percibir que la educación termina siendo un negocio y una mercancía.

Con la autonomía de gestión escolar aumentará la marginación socioeconómica, la segmentación y clasificación de escuelas de primera y de segunda. Se profundizarán las desigualdades y rezagos educativos.[10]

REFORMA LABORAL-ADMINISTRATIVA

Queda demostrada cada vez más que la supuesta reforma “educativa” es una reforma laboral y administrativa que tiene serias implicaciones contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación y un retroceso en el ámbito pedagógico, como lo han demostrado expertos en lo jurídico y laboral.

A partir de la reforma al artículo 3º y 73 Constitucional se  promulgan y publican las 3  leyes reglamentarias (INEE, LGE y LGSPD) aunque las 3 son vinculantes la que más contiene afectaciones a los derechos laborales es esta última.[11] De la cual se deriva el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, siendo Ramiro Álvarez Retana el Coordinador Nacional;[12] y se promulga el Acuerdo número 676 por el que se emiten las reglas de operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de maestros de educación Básica en Servicio.

Con estas leyes, acuerdos y reglamentos se legaliza el marco jurídico que modifica los derechos laborales de los trabajadores de la educación, estableciendo un régimen de excepción laboral anticonstitucional, al implementar disposiciones jurídicas exclusivas a pesar de que existen preceptos constitucionales y legales que regulan el régimen laboral de los trabajadores al servicio del Estado.

A continuación se presenta una síntesis que presenta Daniela Santoyo  “las 12 razones por las que se movilizan los maestros”, en referencia a un análisis que hace el Doctor en Derecho Manuel Fuentes Muñiz sobre las 32 razones  que sostiene la negativa de la CNTE a reconocer la aplicación de la LGSPD.

  1. Se aplica de manera retroactiva la ley en perjuicio de quienes laboran actualmente en educación básica y media superior, contrariando el art. 14 Const. (art. 1)
  2. Se derogan todos los derechos adquiridos. (Transitorio Segundo)
  3. Las autoridades educativas pueden anular derechos “sin necesidad de declaración judicial.” (arts. 32, 40 y 44)
  4. Otorga facultades al Secretario de Educación Pública, léase presidente de la República, para estar por encima de la soberanía de los Estados de la república para autorizar  a los gobernadores lineamientos en los cuatro temas. (art. 8-I)
  5. Permite al INEE imponer y autorizar, por encima de la soberanía de los Estados, lineamientos a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para la evaluación de los 4 temas. (art. 7 IV, V, VI)
  6. Faculta a la SEP y al INEE, para efectos administrativos, para interpretar unilateralmente la ley. (art. 67)
  7. No considera la participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones.
  8. Sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos en casos de conflicto de los cuatro temas. (art. 83)
  9. Desaparecen los nombramientos de base para quienes ya lo tienen y para los de nuevo ingreso. Se establece como causal de separación sin responsabilidad de las autoridades la negativa a participar en los procesos de evaluación sin considerar la antigüedad y nivel académico. (Transitorio Octavo)
  10. Crea la figura de contratos por “tiempo fijo” de naturaleza eventual, en sustitución de los nombramientos de base. (art. 23-II, 30 y Transitorio Octavo)
  11. Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación con base en criterios unilaterales. (Transitorio Noveno)
  12. Los dos puntos anteriores no toman en cuenta el derecho a la reinstalación en el empleo o de indemnización con pago de salarios caídos en caso de separación injustificada. (Transitorio Octavo y Noveno) 

sacar el cobrePor estas razones, se advierten las siguientes consecuencias: 

La esencia revolucionaria del trabajo como un derecho humano y social queda prescripto, convirtiéndolo en un acto administrativo sin la intervención de los trabajadores, nulificando la bilateralidad de las relaciones de trabajadores y patrones. Se violan derechos adquiridos consagrados en la Constitución: 1, 14, 16, 29, 123 apartado B y 133. Las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP  de 1946 y las Comisiones Mixtas de Escalafón dejan de ser vigentes, el Contrato Colectivo de trabajo se elimina y se crea un nuevo régimen de excepción, que no corresponde con el anterior Apartado B derivado del art. 123 Constitucional. Se eliminan normas reglamentarias, como la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. La implementación de esta Ley implica la violación sistemática de los derechos laborales  al convertirse en la única Ley que modifique o nulifique los derechos laborales.

La reforma “educativa” se equipara a la Reforma Laboral impuesta por Felipe Calderón, al ser una Ley injusta con los trabajadores porque: sustituye el Trabajo Docente por el Servicio Profesional Docente; desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo, en consecuencia la estabilidad; impone contratos por tiempo indefinido anulando estabilidad en el empleo; facilita los despidos; no permite generar antigüedad; la productividad y no la experiencia es lo fundamental para los estímulos y ascensos laborales; los resultados medibles y cuantificables sean el motivo para adquirir un status laboral; abaratamiento de la fuerza de trabajo;  legaliza la subcontratación (outsoucing); pago por horas; se debilita el poder sindical imponiendo condiciones unilaterales de trabajo; en el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia se anula la intervención sindical o coalición magisterial al convertirse en “condiciones administrativas” en lugar de derechos laborales; enfrenta a cada  docente como sujeto administrativo aislado a la estructura sindical; se restringe el derecho a organizarse y defender sus derechos.

Ahora  se tendrá una reglamentación que norme el proceso de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia  de los maestros. El salario estará en función del mérito académico y profesional, así como del desempeño docente a partir  de los resultados obtenidos en la evaluación.

Aumentará la jornada y la intensidad del trabajo, provocando enajenación y problemas de salud docente. La situación laboral se agravará, porque actualmente operan más de 6 mil escuelas de Tiempo Completo y de Jornada Ampliada y al inicio del periodo escolar 2014-2015 habrá 15 mil planteles,  para el fin del sexenio 40 mil. Se tendrá una reducción drástica de escuelas del turno vespertino. Inevitablemente habrá un desempleo masivo de maestros y los que queden en el sistema educativo trabajarán en condiciones precarias e inhumanas, al haber salones con hacinamiento, falta de mobiliario,  ventilación, iluminación, etc. Es decir, con las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo la labor docente.

Con ello avanza la precarización en el empleo, dadas: 1) la inestabilidad laboral y la flexibilización en el empleo, 2) La aplicación de mecanismos de intervención, coerción y constricción de la libertad educativa, y 3) La modificación  de derechos, de la organización del trabajo y relaciones laborales.

Las organizaciones sindicales, en especial el SNTE pierden poder en las negociaciones bilaterales SEP-SNTE y los Gobiernos Federal y  Estatal con los sindicatos.

AGRESIONES DE LA REFORMA.

La reforma educativa no tiene una postura que se sustente en una educación integral con un enfoque filosófico, histórico y pedagógico  Dos son los pilares en los que se centra y justifica la reforma educativa: la calidad y la evaluación. En el art. 3º Fracción III inciso d) se afirma que la educación “será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.” Sobre el concepto de calidad en la LGE art. 8-IV se define: será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre
los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.

Tatiana Coll explica que “la calidad sólo puede existir si se puede medir. La evaluación sólo se puede realizar si hay indicadores medibles. Sólo hay indicadores medibles en función de estándares de conocimiento establecidos para poder medirse. Sólo hay estándares curriculares si se logran sintetizar en habilidades cognitivas muy específicas en el proceso de aprendizaje. Todo esto determina la facultad  de medir y dar cuenta de la calidad. Bajo esta argumentación, la evaluación aparece como una verdad absoluta (…) para convertirse en un mecanismo de control y vigilancia sobre maestros y alumnos.”[13]

Carece de legitimidad, al no ser consultada la comunidad educativa y la ciudadanía y sólo se tomó en cuenta la opinión de los empresarios nacionales y extranjeros y la élite política cuyo fin es la mercantilización de la educación.

No tiene un contenido pedagógico, no contiene en sí una reforma educativa ni un planteamiento preciso e integral de la educación y del sistema educativo nacional y de los fundamentos filosóficos y pedagógicos. Ni plantea de cómo resolver la problemática educativa de rezago, cobertura, reprobación, desigualdad, inequidad, etc.

Es regresiva y lesiva, contiene un retroceso en los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. En los derechos  de los estudiantes de recibir una educación pública y gratuita. Hay un retroceso  en los enfoques pedagógicos, al regresar al método conductista con una enseñanza dogmática, es más informativa que formativa, sólo se evalúa la conducta observable a través de estímulo-respuesta; interesa sólo el resultado y no el proceso; se promueve la memorización, más que el razonamiento y los juicios de valor. El diseño curricular radica en adiestrar y capacitar a los alumnos para que adquieran herramientas elementales y puedan competir en el mercado laboral.

En lo cultural se remplazan valores históricos y nacionales por valores que provienen de la globalidad mercantil trasmitidas a través del adoctrinamiento de patrones culturales de la clase dominante a las nuevas generaciones. De esta forma se impone el pensamiento único que intenta resolver los mismos asuntos, definidos desde idénticos puntos de vista: el pensamiento neoliberal.

Sólo se responsabiliza a los maestros de la mala calidad educativa y del bajo logro académico de los alumnos, sin tomar en cuenta los impactos que han tenido las reformas y políticas educativas en los últimos sexenios, sin considerar los factores socioeconómicos y culturales que determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados.

Impone una evaluación punitiva, si no se logran alcanzar o no se cumple el perfil, los indicadores y parámetros definidos, se impondrá una sanción que puede llegar a la pérdida de la permanencia en el empleo, en tanto al maestro se le trata como un infractor. Esta medición no busca el diagnóstico y mejoramiento del sistema educativo, sino el castigo, la precarización e inestabilidad laboral de los maestros.

los-padres-2RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA MAGISTERIAL

Manuel Pérez Rocha propone que debe organizarse un debate nacional sobre los fines, medios y métodos de la educación en México. Para ello se requiere de una amplia convocatoria donde participe la comunidad escolar (estudiantes, maestros y padres de familia) y se discuta desde abajo hacia arriba la escuela que queremos los mexicanos.

Se debe partir de un verdadero diagnóstico, seguimiento y evaluación del sistema educativo mexicano tomando en cuenta  las principales variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, presupuesto educativo,  inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación, capacitación, profesionalización de la práctica  del docente, directivo y supervisor. Así como las condiciones de mantenimiento, infraestructura y operación escolar, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación.

Se debe promover una amplia consulta nacional, ante la falta de consenso de la reforma educativa, mediante la cual sea el pueblo y no las élites partidistas y empresariales, quien en última instancia resuelva la pertinencia de esta contrarreforma a la Constitución mexicana.

La CNTE y otras organizaciones magisteriales democráticas deben dar a conocer ante la opinión pública los Proyectos de Educación Alternativa que se están realizando y que con la reforma educativa estos proyectos quedarían aniquilados.

CONCLUSIÓN.

Es evidente que la reforma educativa se caracteriza por ser dependiente, neoliberal, empresarial, centralista, laboral, administrativa, regresiva, lesiva, antidemocrática, punitiva, incompleta y deficiente. Tiene implicaciones en lo político, laboral, sindical, pedagógico, social y cultural. Como parte de la violencia estructural, es una contrarreforma porque violenta el espíritu y el contenido que le dieron origen a los artículos 3º, 73 y 123 Constitucional. Es un retroceso que rompe el pacto social y político de la Revolución Mexicana y que dieron estabilidad a la nación, dada la importancia que ha tenido la escuela pública mexicana como parte de la identidad nacional y cultural, como factor de movilidad social y desarrollo económico.

La educación pública está en disputa por aquellos que la quieren utilizar como mercancía con fines de lucro y los otros que reivindican la educación como un patrimonio nacional con un alto valor humano, cultural y social. México hoy está viviendo momentos de grandes definiciones que van a determinar el futuro de los mexicanos y en especial el destino de millones de niños y jóvenes, por lo tanto es importante la participación democrática de todos los mexicanos, de lo contrario, otros estarán decidiendo nuestro destino.   


 

 

[1] La  OCDE a través de un estudio llamado “Panorama Educativo” cada año presenta una amplia información de estadísticas e indicadores del sistema educativo de los 34 países miembros y permite analizar su desarrollo, financiamiento, preparación y el impacto del capital humano  en el mercado de trabajo y en la economía.  México es miembro desde 1994 y a través de la SEP, estableció con la OCDE en 2008, el Acuerdo para Mejorar la calidad de la Educación de las Escuelas.

[2] Aboites, Hugo, “Confrontación o diálogo para transformar la educación en el 2012-2013”, ponencia presentada en el VIII Foro de Análisis y Perspectivas sobre la Reforma Educativa, Región Centro-Norte. San Luis Potosí, Teatro Alameda, 28 de junio 2013.

[3] “Cuidemos nuestra escuela. Manual de mantenimiento escolar”. SEP, INIFED, 2011           

[4] Hernández Navarro, Luis. Contrarreforma constitucional y privatización de la enseñanza, La Jornada, 16 de abril de 2013

[5] Hernández Navarro, Luis, Ibíd.

[6] En el programa participan bancos e intermediarios financieros como Santander Bancomer, HSBC, Banorte; Financiera Educativa de México. Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaria de Hacienda aportaron fondos de garantía para respaldad el otorgamiento de créditos educativos de los bancos. En 2012 el programa contará con una inversión de 2,500 millones de pesos, las escuelas privadas se beneficiarían con la totalidad de esos recursos. La banca recuperará todo el dinero prestado a los estudiantes y obtendrá como ganancia los intereses acumulados en 15 años por 23 jóvenes endeudados al pagar una tasa de interés del 10%. 

[7] Legalizada en el art. Quinto Transitorio, Fracción III, inciso b), y en la LGE art. 33 Fracción XVII

[8] Recuérdese La Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

[9] Rockwell, Elsie. Ponencia presentada en Panel “La propuesta educativa de la CNTE” en Casa Lamm el 21 de octubre del 2013.

[10] López Aguilar, Martha de Jesús. Una reforma “educativa” contra los maestros y el derecho a la educación,” El Cotidiano No. 179,  p. 65, mayo-junio 2013,

[11]  Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el diario Oficial de la federación el 11 de septiembre de 2013.

[12] Quien fue nombrado y podrá ser removido libremente por el Secretario de Educación de acuerdo al art. 5º  del Reglamento referido a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

[13] Hernández Navarro, Luis. No habrá recreo. Contrarreforma constitucional y desobediencia magisterial, Edit. Para Leer en Libertad AC.  p 10

PARA IMPRIMIR: Reforma educativa o reforma laboral

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